La Cámara de Diputados avaló este miércoles la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”, que castiga con uno a cinco años de prisión el uso fraudulento de logotipos, emblemas o dominios electrónicos de instituciones públicas, y hasta 10 años cuando se trate de la distribución de contenido protegido por derechos de autor antes de su estreno oficial.
El pleno aprobó el dictamen en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra, y en lo particular con 281 votos a favor y 87 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso previo a su entrada en vigor.
PUBLICIDAD
La votación se dio tras una sesión de 10 horas en la que participaron al menos 88 legisladores. Ninguna de las 177 reservas presentadas por la oposición fue aceptada, entre ellas la que buscaba eximir de sanción el uso de logotipos oficiales con fines periodísticos, educativos o de sátira.
Tres escalas de castigo según el delito
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no fija una sola pena, sino tres niveles distintos de sanción dentro del mismo paquete legislativo.
El primero, el que motivó el apodo de “Ley Antimemes”, castiga con uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien use o imite, a escala comercial, la identidad gráfica de una institución pública para engañar y cometer un delito. Con el valor vigente de la UMA en 2026 —117.31 pesos diarios—, ese rango equivale a entre 117,310 y 1,173,100 pesos.
PUBLICIDAD
El segundo nivel impone de tres a siete años de cárcel y multas de mil a 10 mil días multa a quien, sin autorización y con fines comerciales, suprima o altere información sobre gestión de derechos de autor.
El tercero, el más severo, es sobre la piratería, y llega hasta los 10 años de prisión y multas de dos mil a 20 mil UMA —entre 226,200 y 2,346,200 pesos— para quien divulgue películas, libros o fonogramas antes de su lanzamiento oficial.
La reforma añade un componente de reparación económica independiente de la pena de cárcel. Fija una indemnización mínima del 40% del precio de venta del producto afectado, con la opción de que la víctima reclame hasta 50,000 UMA, equivalentes a 5,865,500 pesos.
PUBLICIDAD
El debate se libró también a golpe de pancartas y memes impresos
La discusión en el pleno estuvo acompañada de escenografía sobre el tema. Legisladores de oposición llevaron a tribuna pancartas con la leyenda “Censura de Morena”, imágenes con memes alusivos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido en el poder, además de carteles con forma de lápida que decían “aquí murió la libertad de expresión”.
La puesta en escena buscó ilustrar, de forma literal, el argumento central de la oposición: que la reforma podría usarse para perseguir la crítica satírica al gobierno.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, sostuvo que la reforma “no está dirigida a prohibir los llamados memes, la crítica al gobierno y la sátira política”. Explicó que el propósito central es frenar la clonación de páginas gubernamentales usadas para cobrar trámites falsos o defraudar a los ciudadanos.
PUBLICIDAD
El petista Ricardo Sóstenes Mejía fue más allá al acusar a la oposición de manipular el debate con la etiqueta “antimemes”. “Cuando se falsifica el lenguaje, se falsifica el debate. La mentira necesita etiquetas, la verdad necesita argumentos”, expresó desde tribuna. Otro legislador de Morena, Arturo Ávila, calificó a los opositores de “memes andando” durante su intervención.
La oposición exigió una excepción explícita y no la obtuvo
El bloque de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano concentró su estrategia en pedir que el artículo 403 Bis incluyera, de forma expresa, una excepción para la parodia, la sátira y el periodismo.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, ofreció votar el dictamen por unanimidad si el oficialismo aceptaba añadir “cuatro renglones” de protección a la libertad de expresión. La propuesta no prosperó.
PUBLICIDAD
La panista Paulina Rubio comparó la reforma con entregarle al gobierno “una pistola con una bala cargada” sin garantía de que no se use contra la crítica política. El emecista Gibrán Ramírez advirtió sobre el riesgo de aplicaciones discrecionales y citó episodios previos de presunta censura en Campeche, Sonora, Puebla y el Senado. “Si quisieran castigar el engaño, eso ya tiene nombre, se llama fraude”, sostuvo.
El priista Emilio Suárez reconoció en tribuna que la motivación original de la reforma surge de obligaciones vinculantes del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que exige a México sancionar penalmente la falsificación dolosa de marcas y la piratería a escala comercial. Pero acusó al gobierno de ampliar el alcance más allá de lo exigido, al eliminar la necesidad de probar el dolo o el ánimo de lucro directo para facilitar las condenas.
El dictamen aprobado no es el único con el apodo “Ley Antimemes” en el Congreso. En el Senado avanza una segunda reforma, enfocada en la Ley Federal del Derecho de Autor, que regularía la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet cuando sus plataformas se usan para infringir derechos de autor, con sanciones que podrían llegar hasta los 4.6 millones de pesos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD