
Los teléfonos celulares siguen apareciendo en las cárceles de la Ciudad de México pese a los decomisos acumulados durante años y a la inversión destinada a bloquear llamadas desde el interior de los reclusorios.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el aseguramiento de 2 mil 771 teléfonos celulares y mil 446 tarjetas SIM. En el mismo periodo, las autoridades también decomisaron 11 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 205 litros de solventes, 394 puntas y 149 cuchillos, de acuerdo con el segundo informe de la dependencia.
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Los hallazgos abarcan dispositivos que pueden utilizarse para mantener comunicaciones desde prisión, sustancias prohibidas y objetos punzocortantes. Sin embargo, el informe no detalla cuántos artículos fueron encontrados en cada reclusorio ni cuántas revisiones derivaron en sanciones administrativas o investigaciones penales.
La persistencia de los decomisos ocurre pese a que la SSC destinó más de 37 millones de pesos en 2025 al servicio de inhibición de señal celular en seis centros penitenciarios de la capital. El contrato contempló los reclusorios varoniles Norte, Oriente y Sur, la Penitenciaría de la Ciudad de México y los centros femenil y varonil de Santa Martha Acatitla.
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El gasto fue reportado después de que, en febrero de 2025, la dependencia reconociera que no contaba con información sobre el estado, el mantenimiento ni el presupuesto de los inhibidores instalados anteriormente.
Drogas y objetos punzocortantes entre los decomisos
Además de los teléfonos, las cifras de la SSC incluyen sustancias y objetos que representan riesgos para la seguridad dentro de los centros penitenciarios. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se reportaron 11 kilos de marihuana, un kilo de cocaína y 205 litros de solventes, así como 394 puntas y 149 cuchillos.
El informe también registró 118 litros de vino y 604 litros de fruta fermentada. No obstante, las cifras generales no permiten conocer en qué centros se localizaron las sustancias y los objetos, si estaban relacionados con un mismo operativo o si se iniciaron procedimientos contra las personas a quienes se les atribuyó su posesión.
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Los decomisos de celulares también tienen antecedentes. Entre 2019 y julio de 2024, la SSC reportó el aseguramiento de 14 mil 424 teléfonos y 6 mil 521 chips. Aunque los registros muestran que los hallazgos se han repetido a lo largo de varios años, los periodos y criterios de conteo disponibles no son idénticos, por lo que no permiten establecer una comparación directa sobre la evolución del problema.
Denuncias de cobro de piso en Santa Martha Acatitla: señalan a internas y funcionarias
La seguridad penitenciaria también enfrenta denuncias por presuntas extorsiones dentro de los centros. En julio de 2025, internas de Santa Martha Acatitla denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México supuestos cobros de piso, amenazas y agresiones.
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De acuerdo con una investigación publicada por La Crónica de Hoy —en julio de 2025—, las denunciantes señalaron que les exigían pagos por trabajar en negocios dentro del penal y acusaron a otras internas y a funcionarias del centro de estar involucradas. Los señalamientos fueron presentados como denuncias que investigaba la Fiscalía.

El caso expone una modalidad de extorsión denunciada dentro de prisión, pero la información disponible no permite vincular esas acusaciones con los celulares decomisados ni establecer que se trate de una práctica generalizada en los reclusorios capitalinos.
SSC rechaza autogobierno en los centros penitenciarios capitalinos
En octubre de 2026, la SSC rechazó que exista autogobierno en alguno de los 13 centros penitenciarios de la capital, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportara deficiencias en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. La dependencia anunció que buscaría contrastar los resultados con sus propios registros y criterios de evaluación.
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La SSC también reportó 51 mil 14 inspecciones ordinarias y 295 extraordinarias, además del traslado de 141 internos considerados de alto perfil a centros federales: 64 en 2024, 45 en 2025 y 32 en 2026. La información publicada no establece que esos traslados fueran consecuencia directa de los decomisos ni que las inspecciones hayan resuelto las denuncias de extorsión.
Los datos disponibles muestran que las autoridades mantienen operativos de revisión, destinan recursos a inhibir llamadas y reportan el retiro de teléfonos, sustancias y objetos punzocortantes. Sin embargo, la falta de un desglose actualizado por reclusorio impide determinar dónde se concentran los hallazgos y medir la relación entre las revisiones, los decomisos y sus consecuencias administrativas o penales.
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La persistencia de los aseguramientos, junto con las denuncias de cobros ilegales, deja pendiente una cuestión central: si las medidas aplicadas están consiguiendo impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir las comunicaciones ilícitas dentro de las cárceles de la Ciudad de México.
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