Caso AXE Ceremonia: acusan a empresas de cobrar seguros tras la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles

Familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas, fotoperiodista fallecido junto con Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia 2025, se manifestaron el lunes 19 de octubre frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Exigieron la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres morales acusadas de homicidio culposo.

Los manifestantes bloquearon la avenida Niños Héroes durante la segunda jornada de audiencia. Representantes de Grupo Eco, empresa organizadora del evento, pidieron al juez declarar prescrito el delito para las personas morales, con el argumento de que el plazo venció el 5 de octubre de 2026.

En la víspera, durante la audiencia, la familia de Miguel Ángel se enteró de que las empresas organizadoras habrían cobrado ya el dinero de un seguro pagado por la muerte de los dos jóvenes. Tábata Salas, asesora legal de la familia, calificó el hecho de “sumamente indignante”.

“El día de ayer en la audiencia, mientras se desarrollaba el debate, las empresas pertenecientes a Grupo Eco pidieron que el delito se declarara prescrito”, relató Salas. “Eso la verdad nos sorprendió mucho porque, como ustedes conocen, públicamente Grupo Eco ha reconocido su responsabilidad en el evento. Y ayer, ante el juez de control, fueron a decir que el delito ya había prescrito. Grupo Eco ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”.

La abogada agregó que, mientras tanto, la familia de la víctima “sigue sufriendo y pasando” por un problema económico, y que han tenido que endeudarse a raíz del caso.

Diez imputados por homicidio culposo por el caso Axe Ceremonia

La Fiscalía imputó a los diez acusados por homicidio culposo, delito que contempla una pena de entre dos y cinco años de prisión. En la primera audiencia, que se extendió casi 21 horas, el juez vinculó a proceso a María “N”, oficial encargada de Protección Civil durante el festival.

El segundo día de la audiencia inicial estuvo dedicado a los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de cada uno de los diez imputados, entre ellos los representantes de Grupo Eco y otras dos personas morales señaladas.

Edwin Piñón, asesor jurídico de la familia de Miguel Ángel Rojas, relacionó la vinculación de la funcionaria de Protección Civil con el proceso contra las empresas imputadas. “En la audiencia anterior se vinculó ya a proceso a la oficial de Protección Civil, y desde nuestra perspectiva ese es un efecto cadena para las empresas que hoy se encuentran ya imputadas”, señaló.

Diana Hernández, hermana de Miguel Ángel Rojas, describió el proceso judicial como un desgaste físico y emocional sostenido durante meses. “Para mi mamá y para mí, llegar hasta aquí ha sido un enorme esfuerzo, han sido meses de mucho desgaste físico, de mucho desgaste emocional, de muchos trámites, incertidumbre y de una vida que de muchas maneras se quedó pausada desde que Miguel ya no está”, afirmó.

Hernández denunció además presiones económicas de parte de empresarios vinculados al caso. “Hemos tenido que enfrentar una lucha que ha sido muy desigual contra empresas que cuentan con enormes recursos económicos y que han promovido diversos juicios de amparo que han obstaculizado nuestro camino hacia esta audiencia”, dijo.

“Lo más doloroso es que, en medio de nuestro duelo, también hayamos tenido que enfrentar mucha presión para aceptar una reparación económica que nosotras no queremos”, agregó Hernández. “Hubo empresarios que nos amenazaron con disolver sus empresas si no aceptábamos el dinero que ellos fijaron. Nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento, después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada”.

El caso de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas fallecidos cuando una estructura cayó sobre ellos durante la cobertura del festival en el Parque Bicentenario, continúa su curso judicial con la disputa abierta sobre la prescripción del delito para las personas morales involucradas.