Capturan en Puebla a Enrique Romero, exjuez ligado al caso del feminicida de Karla López Albert

El exjuez Enrique Romero Razo fue detenido este martes 20 de octubre de 2026 en la ciudad de Puebla, señalado por delitos contra la administración de justicia y evasión de reos. El operativo se realizó tras un cateo en su domicilio, según confirmaron a MTP Noticias fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El funcionario judicial había sido investigado desde mayo por intentar modificar la medida cautelar del feminicida de Karla López Albert, uno de los casos de mayor impacto social en la entidad poblana.

La detención del exjuez en Puebla

El aseguramiento de Romero Razo se produjo este martes tras un operativo en su vivienda, ubicada en calle privada C de la 14 Sur, número exterior 1507, en la colonia El Ángel, en la capital poblana. Las autoridades le imputan delitos contra la administración de justicia y evasión de reos.

Romero Razo acumulaba una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Su cargo más reciente era como juez de lo Civil y de lo Penal en San Pedro Cholula, antes de su reubicación administrativa a Ciudad Serdán.

El caso Forcelledo, origen de la investigación

La detención del exjuez tiene como antecedente directo el caso del feminicida Manuel Forcelledo, condenado a 76 años de prisión por el asesinato de su pareja, Karla López Albert, ocurrido en 2014 mientras ella cursaba un embarazo. Romero Razo había sido el mismo juzgador que dictó la sentencia condenatoria en 2021, tras siete años de proceso.

Para el 12 de mayo de 2026 estaba programada una audiencia de revisión de medida cautelar del sentenciado. Romero Razo había solicitado licencia para ausentarse del 11 al 14 de mayo, solicitud que el Consejo de la Judicatura del Estado le negó. Pese a ello, el juez se ausentó de la audiencia y dejó en funciones a su secretaria de acuerdos, con instrucciones sobre cómo resolverla.

En esa audiencia se autorizó sustituir la prisión preventiva oficiosa de Forcelledo por arresto domiciliario con brazalete electrónico y firma periódica. Según los reportes, la diligencia no fue transmitida ni notificada a los familiares de la víctima.

Las autoridades judiciales del estado intervinieron para frenar la ejecución de esa medida y ordenaron que Forcelledo permaneciera en prisión preventiva en el Cereso de San Pedro Cholula. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó entonces la existencia de un procedimiento contra el juzgador.

“Hay un procedimiento que, hasta donde yo tengo entendido, se está haciendo contra este juez, que está o cometió actos irregulares”, declaró el mandatario estatal.

Conflicto con el Consejo de la Judicatura por su reubicación

Tras el escándalo del caso Forcelledo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (CJPJEP) acordó, el 30 de junio, readscribir a Romero Razo del Juzgado Segundo de Cholula al distrito judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, con efectos a partir del día siguiente.

El exjuez impugnó esa decisión por motivos de salud y promovió un amparo el 17 de julio. El 19 de agosto, el juez federal Francisco René Olivo Loyo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, le otorgó la suspensión definitiva con efectos restitutorios, con un plazo de tres días para que regresara al juzgado de Cholula.

El 31 de agosto se notificó esta resolución al Consejo, que tuvo tres días para acatarla, del 1 al 3 de septiembre. El plazo venció sin que la orden se cumpliera.

El desacato que derivó en amenaza de denuncia ante la FGR

Ante el incumplimiento, la defensa de Romero Razo, a cargo del abogado Raúl Andrade Osorio, promovió el 20 de septiembre un incidente por desacato. El Consejo informó que había programado una sesión para analizar el asunto hasta el 8 de octubre.

Esa fecha llegó y la sesión no se realizó por falta de quórum, debido a la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y del consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, según un oficio firmado por Doryan Eliseo López Camacho, secretario del Pleno del Consejo.

El juez Olivo Loyo declaró fundado el recurso de la defensa y advirtió que, de persistir el desacato, presentaría una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR). El delito de desobedecer una suspensión debidamente notificada se castiga con 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario. En su resolución, el juez federal señaló que “la determinación cautelar es obligatoria y debe cumplirse en sus propios términos, sin que la organización o los procedimientos internos de la autoridad desplacen la fecha fijada judicialmente”.

Romero Razo había sostenido que la resistencia del Poder Judicial estatal a restituirlo en su cargo respondía a una represalia en su contra. Su detención, este 20 de octubre, se produjo en medio de ese litigio administrativo todavía sin resolución definitiva.