
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, será trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar el cargo de traición a la patria por su presunta responsabilidad en el ingreso irregular de agentes de la CIA a México.
Su abogado, Héctor Villasana, confirmó el movimiento al concluir la audiencia celebrada este domingo en Chihuahua, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente lograra ejecutar físicamente la orden de aprehensión que se había librado en su contra desde el pasado sábado, cuando fue detenido inicialmente por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
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La FGR ejecutó la orden federal minutos después de que un juez de control estatal resolvió que el exfiscal enfrentaría en libertad el proceso local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La aprehensión impidió que abandonara las instalaciones de la Ciudad Judicial.
¿Por qué la FGR lo acusa de traición a la patria?

La fiscal Ernestina Godoy informó la noche del sábado 17 de octubre que un juez federal concedió una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La determinación se sustentó en más de 100 actos de investigación, entre labores de gabinete y de campo.
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Godoy señaló que Jáuregui habría ordenado y coordinado el operativo efectuado en abril en El Pinal, comunidad del municipio de Morelos. La acusación sostiene que permitió la participación de personas extranjeras sin autorización en tareas reservadas exclusivamente a fuerzas federales.
“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, declaró la titular de la FGR en un mensaje difundido en redes sociales.
La orden federal se formalizó el sábado, pero no pudo ejecutarse de inmediato porque Jáuregui permanecía bajo custodia estatal desde esa mañana. Policías de la Fiscalía que él encabezó hasta abril lo habían detenido por la causa del fuero local.
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El juez estatal rechazó este domingo imponer prisión preventiva y estableció otras medidas cautelares: la entrega de su pasaporte mexicano y visa estadounidense, la prohibición de salir de Chihuahua y del país, la obligación de acudir mensualmente al tribunal y la restricción para comunicarse con testigos.
El accidente en El Pinal derivó en la investigación por seguridad nacional

El caso se originó entre el 17 y el 19 de abril, durante un operativo contra laboratorios clandestinos en El Pinal. Un accidente vial durante el descenso de la Sierra Tarahumara dejó cuatro personas muertas: dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, incluido su director, y dos ciudadanos estadounidenses.
Jáuregui, entonces fiscal en funciones, presentó inicialmente a los extranjeros como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Días después se reveló que ambos eran agentes de la CIA.
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De acuerdo con Godoy, la carpeta de investigación establece que los dos estadounidenses acudieron en diversas ocasiones y sin causa justificada a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. Ese antecedente respaldaría la hipótesis de una colaboración irregular antes del operativo.
La fiscal general sostuvo que Chihuahua carecía de facultades para realizar acciones reservadas a la Federación. Añadió que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe a los estados transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
La acusación también plantea que Jáuregui habría ocultado información al no avisar oportunamente a autoridades federales sobre la presencia de los agentes estadounidenses.
El exfiscal renunció con carácter irrevocable el 27 de abril y reconoció públicamente “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto de los contactos con personal extranjero.
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Meses después, Jáuregui compareció como testigo ante la FGR. La investigación federal posteriormente lo colocó como imputado.
Jáuregui enfrenta procesos federal y local en sedes distintas
La causa local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición permanece abierta en Chihuahua. Un juez de control deberá resolver el jueves 22 de octubre, a las 10:00 horas, si vincula a proceso al exfiscal por esos delitos.
El abogado Villasana indicó que la audiencia federal podría realizarse el martes, aunque la fecha definitiva dependerá de la autoridad judicial. El defensor explicó que la orden de una jueza federal dispone el traslado a la Ciudad de México para que se desarrolle una diligencia similar a la que ocurrió en Chihuahua, pero en el Altiplano.
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“El licenciado va bien, va fuerte, va entero”, declaró Villasana tras la audiencia estatal.
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