De “Te quiero, Gordo” a responsabilizarlo por el caso CIA en Chihuahua: cómo se rompió la alianza de Maru Campos y César Jáuregui

“Por lo menos 15 años juntos enfrentando las tragedias, los errores, las confusiones, las desavenencias, pero sobre todo con la satisfacción de luchar por el bien”. El 26 de junio de 2024, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acompañó con esas palabras una felicitación de cumpleaños para César Jáuregui, entonces fiscal general del estado, a quien agradeció por los años compartidos y despidió con un “¡Te quiero, Gordo!”.

Dos años después, la relación entre ambos quedó expuesta en una confrontación pública. Tras el escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, Campos reprochó a su antiguo colaborador haber actuado sin informarle y sostuvo que esa conducta “no se puede perdonar”.

La ruptura se hizo visible en octubre, cuando Jáuregui buscaba la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras la gobernadora respaldaba al actual presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza. El sábado 17 de octubre, el exfiscal fue detenido por una investigación relacionada con el ejercicio de sus funciones y la actuación de servidores públicos durante el operativo de abril.

La captura provocó acusaciones de traición contra Campos por parte del entorno de Jáuregui, que denunció una maniobra para impedirle competir por la alcaldía. Sin embargo, el conflicto tiene otro antecedente: la salida del exfiscal de la administración estatal después de reconocer omisiones institucionales sobre los contactos con personal extranjero.

La secuencia permite reconstruir cómo una relación política de más de una década llegó a un enfrentamiento público, mientras las investigaciones estatales y federales avanzan por separado y la sucesión de 2027 comienza a dividir al panismo de Chihuahua.

De compartir campañas y cargos a la ruptura pública

La cercanía entre Campos y Jáuregui no se limitaba a su relación como gobernadora y fiscal. Ambos compartieron etapas de su trayectoria dentro del PAN y ocuparon posiciones en el Congreso local. Jáuregui también encabezó las campañas de Campos por la alcaldía de Chihuahua en 2016 y por la gubernatura en 2021.

Durante la actual administración estatal, Jáuregui fue secretario general de Gobierno y después titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Su paso por ambas posiciones lo convirtió en uno de los colaboradores con mayor trayectoria junto a la gobernadora.

El mensaje de cumpleaños publicado en X el 26 de junio de 2024 constituye una muestra pública de esa relación. Campos recordó que habían enfrentado juntos errores y desacuerdos, pero destacó que compartían un mismo ideal. La felicitación terminó con una expresión de afecto que contrasta con los señalamientos que la mandataria formularía después.

El punto de inflexión llegó el 17 de abril de 2026, cuando autoridades estatales desplegaron un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Las acciones se extendieron hasta el 19 de ese mes y, durante el trayecto de regreso de la Sierra Tarahumara, un accidente vial causó la muerte de cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Manuel Genaro Méndez Montes, también agente de la AEI, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La revelación de la participación de los estadounidenses abrió un diferendo entre las autoridades estatales y el Gobierno federal, que cuestionó las condiciones en las que los agentes extranjeros habían intervenido en territorio mexicano.

El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía. En ese momento reconoció “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto a los puntos de contacto con el personal extranjero.

Su salida puso fin a su responsabilidad al frente de la institución, pero no cerró las preguntas sobre la cadena de mando, las comunicaciones entre autoridades ni los protocolos aplicables al operativo.

“Se actuó por la libre y eso no se puede perdonar”, sentenció Maru Campos

El distanciamiento dejó de ser una interpretación sobre la relación entre ambos cuando Campos se refirió públicamente a la actuación de su exfiscal.

En una entrevista con Latinus difundida el 14 de octubre, la gobernadora afirmó que el caso había destapado problemas al interior de la Fiscalía y cuestionó que se hubieran tomado decisiones sin informarle.

“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, declaró Campos al explicar por qué decidió impulsar cambios en la institución.

La mandataria añadió que se había rebasado el límite de no avisarle a la jefa ni informarle qué estaba pasando. También reconoció que el episodio abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía y las decisiones que pudieron haberse tomado sin su conocimiento.

Campos sostuvo que la controversia la enfrentó con el Gobierno federal, pese a que, desde su perspectiva, los funcionarios directamente relacionados con el operativo no habían asumido el mismo nivel de exposición pública. La gobernadora afirmó que desconocía la participación de los estadounidenses y defendió la necesidad de investigar las posibles irregularidades.

El señalamiento marcó un cambio respecto al tono personal del mensaje que había dedicado a Jáuregui en 2024. Esta vez, Campos colocó en el centro la falta de información y la responsabilidad institucional de quienes tomaron las decisiones.

El operativo bajo investigación desde abril

La investigación estatal no cuestiona los resultados del operativo contra los laboratorios clandestinos, sino la forma en que se llevó a cabo, la cadena de mando y el cumplimiento de los protocolos aplicables, según explicó Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la FGE.

Durante la audiencia inicial de Jáuregui, el Ministerio Público expuso entrevistas de decenas de agentes y otros elementos para sostener sus acusaciones. De acuerdo con La Jornada —en su edición del 19 de octubre—, los testimonios recabados por la unidad encargada de esclarecer el operativo ubican la presencia de los estadounidenses en Chihuahua desde octubre de 2025.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía también refieren estancias prolongadas de los extranjeros en instalaciones de seguridad estatal, visitas a la entidad en distintos meses y su participación en otro despliegue policial en marzo de 2026, en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.

El Ministerio Público sostuvo que los extranjeros acompañaron en distintas ocasiones a funcionarios estatales y que, antes del operativo de El Pinal, recibieron armas largas para llevarlas durante el despliegue. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser valorados en el proceso judicial.

En el fuero estatal, Jáuregui enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Es decir, dos procesos distintos.

Las investigaciones buscan establecer qué funcionarios autorizaron o conocieron la participación de los agentes extranjeros, qué información se comunicó a las autoridades federales y cuáles fueron las responsabilidades de quienes intervinieron en la operación.

Jáuregui defendió su actuación antes de ser detenido

Días antes de su arresto, el exfiscal publicó un video en el que defendió su gestión y rechazó haber cometido un delito durante el operativo de El Pinal.

Jáuregui afirmó que había asumido la responsabilidad por lo ocurrido al presentar su renuncia y sostuvo que, si tuviera que tomar nuevamente la decisión de combatir los laboratorios clandestinos, lo haría otra vez.

“Lo volvería a hacer”, afirmó, al argumentar que lo imperdonable habría sido actuar con omisión o tibieza frente al crimen organizado.

El mensaje también incluyó referencias a la disputa política en Chihuahua. Jáuregui habló de presiones, defendió su trayectoria dentro del PAN y pidió que la militancia tuviera voz en la definición de las candidaturas.

“Quien no ha podido conquistar el corazón de la gente, es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de alcanzar sus propósitos”, expresó. También sostuvo que nadie lo haría sentir fuera de lugar en su propia casa.

El video fue interpretado como un reclamo político en medio de las diferencias por la sucesión estatal. Su publicación precedió a la detención del 17 de octubre, cuando agentes estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La disputa por la alcaldía añadió presión a la relación

La candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital constituye otro elemento para entender el conflicto. Jáuregui buscaba competir por la postulación panista, mientras Campos respaldaba a Marco Bonilla, quien gobierna el municipio.

La gobernadora evitó pronunciarse directamente sobre si Jáuregui era un buen perfil para la candidatura y señaló que había carpetas de investigación abiertas en su contra.

Tras la detención, el abogado Luis Villegas Montes acusó a Campos de traicionar a quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos. Angélica Moreno, esposa del exfiscal, también calificó la captura como “una aberración de la Gobernadora”.

Alrededor de un centenar de simpatizantes del PAN se manifestó frente al Poder Judicial de Chihuahua para exigir la liberación de Jáuregui y defender su derecho a competir por la candidatura. Entre los asistentes estuvieron el exalcalde y exdiputado federal Juan Blanco Zaldívar y el senador Mario Vázquez Robles.

Los simpatizantes del exfiscal sostuvieron que el proceso tenía una motivación política y buscaba cerrarle el paso a la candidatura.

La controversia expuso diferencias dentro del panismo en un momento en el que el partido comienza a perfilar sus candidaturas para 2027, cuando Chihuahua también renovará la gubernatura.

El juez descartó la prisión preventiva en la causa estatal

La audiencia inicial de Jáuregui se prolongó por más de 10 horas y concluyó con la decisión de un juez de control de no imponerle prisión preventiva por los delitos estatales.

El juzgador determinó que la Fiscalía debía justificar de manera específica la necesidad de esa medida y que la capacidad económica del exfiscal no bastaba para presumir riesgo de fuga. En su lugar, ordenó que se presente mensualmente ante la autoridad, entregue su pasaporte y visa estadounidense, y se abstenga de comunicarse con los testigos. También descartó el uso de un brazalete electrónico.

La resolución corresponde únicamente a la causa estatal. Sin embargo, la situación jurídica de Jáuregui cambió tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por presunta traición a la patria, por lo que quedó bajo custodia de autoridades de nivel federal y fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia para determinar si Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

Así, la crisis por el operativo de El Pinal, la renuncia de Jáuregui, las acusaciones judiciales y la disputa por la alcaldía terminaron por convertir a antiguos aliados en protagonistas de una confrontación que ahora se desarrolla dentro y fuera de los tribunales.