De Maximiliano de Habsburgo al exfiscal César Jáuregui: las acusaciones por traición a la patria en México en 160 años

César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, protagoniza el episodio más reciente de un recuento de cinco casos documentados en la historia de México vinculados con acusaciones o señalamientos de traición a la patria, un delito cuya aplicación ha sido excepcional y cuya acreditación depende de elementos jurídicos específicos.

En más de siglo y medio de historia, solo uno de los casos incluidos en este recuento terminó con una condena y ejecución: el de Maximiliano de Habsburgo, fusilado en 1867 junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía.

Un dato llama la atención: dos de los cinco episodios corresponden al actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata del caso de Jáuregui y del de Joaquín Guzmán López.

El único caso con condena y ejecución ocurrió en 1867

Maximiliano de Habsburgo, emperador del Segundo Imperio Mexicano, fue sometido a un consejo de guerra en Querétaro junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres fueron juzgados y fusilados el 19 de junio de 1867, tras la derrota del imperio frente a las fuerzas republicanas encabezadas por Benito Juárez.

El proceso fue consecuencia de una guerra que había enfrentado a liberales y conservadores por el control del país. Después de la Guerra de Reforma, los conservadores respaldaron el establecimiento de una monarquía y recurrieron al apoyo de Francia para colocar a Maximiliano en el trono mexicano. El archiduque austriaco y su esposa Carlota llegaron al país en 1864 y encabezaron un imperio sostenido por las tropas francesas y los sectores conservadores que se oponían al gobierno republicano de Juárez.

Para las autoridades republicanas, la instauración de ese gobierno representaba una amenaza a la independencia y la soberanía nacional. Miramón y Mejía, por su parte, eran generales conservadores que habían combatido contra la República y continuaron defendiendo al Imperio hasta su derrota militar.

La situación cambió cuando Francia comenzó a retirar sus tropas y las fuerzas republicanas recuperaron terreno. Maximiliano decidió permanecer en México y concentró a sus últimos aliados militares en Querétaro, donde quedó sitiado. En mayo de 1867, las tropas republicanas capturaron al emperador y a los dos generales, quienes fueron trasladados a un proceso militar por delitos contra la nación, la paz pública y las garantías individuales. A Maximiliano se le imputó, además, la usurpación del poder.

El procedimiento se sustentó en la Ley para castigar los delitos contra la Nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales, promulgada por Juárez el 25 de enero de 1862 durante la intervención francesa.

Esa ley contemplaba la pena de muerte para quienes cometieran actos contra la independencia o la soberanía del país, sanción que hoy resultaría anticonstitucional: el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena capital desde la reforma de 2005.

Carranza declaró traidor a Huerta, pero nunca lo llevó a juicio

Un caso distinto, por su naturaleza política antes que judicial, es el de Victoriano Huerta.

Venustiano Carranza desconoció el gobierno de Huerta en el Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de 1913, después del golpe de Estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero y culminó con su asesinato, junto con el del vicepresidente José María Pino Suárez.

Carranza consideraba ilegítimo el gobierno de Huerta, quien había llegado a la Presidencia tras la crisis política conocida como la Decena Trágica. Por ello, llamó a desconocer a las autoridades que lo respaldaban y organizó el Ejército Constitucionalista para combatirlo y restablecer el orden constitucional.

La ofensiva política también tuvo una dimensión jurídica. Mediante un decreto del 14 de mayo de 1913, Carranza reactivó la ley juarista de 1862, con el propósito expreso de «juzgar al general Victoriano Huerta, a sus cómplices» y a quienes reconocieran su gobierno.

Huerta, sin embargo, nunca fue capturado por las fuerzas constitucionalistas ni enfrentó un juicio penal en México por la usurpación de la Presidencia. Derrotado militarmente, presentó su renuncia el 15 de julio de 1914 y salió del país. Primero viajó a Jamaica y después se estableció en España, aunque posteriormente regresó a Estados Unidos con la intención de organizar un movimiento para recuperar el poder.

En junio de 1915, las autoridades estadounidenses lo detuvieron en Nuevo México junto con el revolucionario Pascual Orozco, bajo cargos relacionados con una conspiración para violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos. Huerta murió el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, antes de que ese proceso llegara a juicio.

Así, aunque Carranza había impulsado una vía legal para procesarlo en México, Huerta murió en el exilio sin enfrentar un juicio penal mexicano por los hechos que motivaron su derrocamiento.

El caso de tres diputados

Otro caso verificable ocurrió a mediados del siglo pasado, en un contexto completamente distinto: el escándalo de corrupción en la repartición de tarjetas para el Programa Bracero, mediante el cual trabajadores mexicanos podían acceder a empleos temporales en Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó, el 15 de enero de 1945, la detención de los diputados Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre, acusados de falsificación de documentos, faltas a su responsabilidad como servidores públicos y traición a la patria.

Los tres legisladores habían distribuido de forma irregular tarjetas que permitían a trabajadores mexicanos emigrar legalmente a Estados Unidos como braceros. Los documentos terminaron comercializándose en el mercado negro, en medio de las irregularidades en el proceso de contratación. La Cámara de Diputados convocó un periodo extraordinario de sesiones para atender la solicitud de desafuero en su contra, de acuerdo con el decreto publicado el 31 de enero de 1945 en el Diario Oficial de la Federación.

Los tres diputados solicitaron licencia de sus cargos para someterse voluntariamente a la jurisdicción del juez, según consta en el Diario de los Debates de la Cámara. Permanecieron presos en Lecumberri de febrero a octubre de 1945, ocho meses en total, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concedió amparos que derivaron en su liberación.

Madrazo, mientras seguía recluido, publicó un folleto con un título irónico: Mi traición a la Patria, en alusión a las acusaciones que enfrentaba.

El escándalo de El Mayo Zambada

Uno de los casos más recientes involucra a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. La Fiscalía General de la República(FGR) presentó en octubre de 2024, mediante el comunicado 546/24, una solicitud de orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de secuestro y traición a la patria, respaldada en 78 datos de prueba.

El caso se relaciona con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, luego de que Guzmán López lo trasladara por la fuerza hasta territorio estadounidense.

Sin embargo, el juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz negó la orden solicitada por la Fiscalía, al considerar que la acusación no reunía los elementos necesarios para acreditarla.

La propia FGR confirmó, en el mismo comunicado, que retiró posteriormente su solicitud ante la negativa judicial.

Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 ante una corte federal de Chicago por cargos de tráfico de drogas, donde admitió haber orquestado el secuestro de Zambada, aunque ese reconocimiento se dio en el sistema judicial estadounidense, no en el mexicano. Actualmente el hijo de “El Chapo” y “El Mayo Zambada, quien también se declaró culpable, están en espera de su sentencia.

El caso Jáuregui, el más reciente

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, enfrenta el proceso más reciente del recuento. La fiscal general Ernestina Godoy informó la noche del 17 de octubre que un juez federal concedió una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional, tras más de 100 actos de investigación.

La acusación sostiene que Jáuregui permitió que dos agentes de la CIA intervinieran sin autorización en un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, en acciones que corresponden de forma exclusiva a las fuerzas federales.

Jáuregui enfrenta, de manera simultánea, un proceso distinto en el fuero estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La situación judicial del exfiscal permanece sin resolver: ningún juez ha determinado todavía si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito federal, aunque se espera que dicha audiencia se lleve a cabo en los próximos días.

Traición a la patria: así ha cambiado el delito

La traición a la patria no siempre tuvo la misma definición ni las mismas consecuencias penales en México. Su evolución estuvo ligada a los conflictos armados, las intervenciones extranjeras y los esfuerzos del Estado por proteger la independencia y la soberanía nacional.

Uno de sus antecedentes fundamentales fue la ley promulgada por el presidente Benito Juárez el 25 de enero de 1862, durante la intervención francesa. Ésta contemplaba distintas conductas contra la independencia y el gobierno republicano, así como sanciones que incluían la pena de muerte.

La norma respondió a un contexto extraordinario: México enfrentaba una intervención extranjera que culminó en la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Cinco años después, las autoridades republicanas recurrieron a esa legislación para procesar a Maximiliano de Habsburgo.

Con el paso del tiempo, la legislación penal mexicana cambió. El Código Penal Federal fue publicado el 14 de agosto de 1931, mientras que el artículo 123, que regula las principales modalidades de traición a la patria, fue reformado el 29 de julio de 1970.

Posteriormente, el 17 de julio de 1992 se incorporó un supuesto relacionado con la privación ilegal de la libertad de una persona en México para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla fuera del territorio nacional con ese propósito.

La regulación vigente se encuentra en el capítulo I del título primero del Código Penal Federal, dedicado a los delitos contra la seguridad de la nación. A diferencia de la legislación del siglo XIX, establece penas de prisión y multas, y debe aplicarse conforme a los elementos específicos de cada conducta prevista en la ley.

El artículo 123 establece una pena de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos para los mexicanos que cometan alguna de las conductas descritas en sus fracciones. Entre ellas figuran realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad de someter al país a un gobierno extranjero, participar en hostilidades a las órdenes de otro Estado y colaborar con una potencia extranjera en determinadas circunstancias.

Los artículos 124 y 125 establecen otras sanciones para conductas específicas, mientras que el artículo 126 contempla la participación de extranjeros.

La pena de muerte fue eliminada expresamente de la Constitución mexicana mediante la reforma publicada el 9 de diciembre de 2005. Por tanto, no forma parte de las sanciones que pueden imponerse actualmente por traición a la patria.

La controversia en torno a este delito radica, en parte, en la carga política que acompaña expresiones como soberanía nacional o colaboración con gobiernos extranjeros, con usos y consecuencias diferentes según la época.