Desde el pasado viernes 16 de octubre, Estados Unidos restringió los vuelos no autorizados de drones en una franja aérea junto a la frontera con México, en medio de las preocupaciones de sus autoridades por el uso de estos aparatos en actividades de narcotráfico y vigilancia.
La medida de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohíbe las operaciones no autorizadas desde la superficie hasta 400 pies de altura —unos 122 metros— en una franja que se extiende una milla náutica —1.852 kilómetros— al norte de la frontera. El anuncio fue realizado en coordinación con los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional.
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La restricción temporal llega mientras el Pentágono mantiene la alerta por las incursiones de aeronaves no tripuladas. En marzo de 2024, el entonces titular del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, estimó que las incursiones en la frontera sur probablemente superaban las mil al mes, aunque reconoció que no conocía la cifra exacta.
Más recientemente, el 5 de octubre de 2026, el general de brigada Brian Filler informó que las fuerzas estadounidenses habían detectado 378 incursiones durante los 30 días anteriores. Ambas cifras reflejan estimaciones de autoridades militares correspondientes a momentos distintos y no deben interpretarse como un conteo único o actualizado de vuelos confirmados de organizaciones criminales.
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El Pentágono prueba láseres y sistemas para derribar drones
La restricción aérea forma parte de una estrategia estadounidense que combina vigilancia, detección e interceptación de aeronaves no tripuladas. El Ejército ha probado radares, drones interceptores, sistemas autónomos con armamento y tecnología de energía dirigida para localizar y neutralizar aparatos considerados una amenaza.
En septiembre, CBS News reportó que el Ejército estadounidense había utilizado un sistema láser de alta energía para derribar drones en la frontera. Según funcionarios militares citados por el medio, la actividad de estas aeronaves en el Valle del Río Grande disminuyó aproximadamente 75% después de las primeras intervenciones del sistema, realizadas el 25 y 26 de agosto.
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Un mes antes, durante agosto, las fuerzas estadounidenses derribaron aproximadamente 100 drones que consideraban vinculados con cárteles, según información proporcionada por un alto funcionario del Departamento de Guerra a Fox News.
El dato ofrece una dimensión distinta de la cifra de incursiones: no todos los aparatos detectados terminan siendo derribados y la atribución a organizaciones criminales depende de la información que reúnen las autoridades.

El uso de estas armas también ha generado preocupaciones sobre la seguridad de otras operaciones aéreas. En febrero, la FAA suspendió temporalmente los vuelos en el aeropuerto de El Paso, Texas, después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizara el sistema láser sin que se hubiera completado la revisión de seguridad aeronáutica correspondiente. La restricción fue levantada horas después, tras la intervención de la Casa Blanca.
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Cómo utilizan los grupos criminales los drones
Las autoridades estadounidenses han advertido sobre el uso de aeronaves no tripuladas para vigilar rutas, observar los movimientos de agentes fronterizos y trasladar pequeños paquetes de droga. Sin embargo, las incursiones detectadas no demuestran por sí solas que cada aparato pertenezca a un cártel o que haya transportado sustancias ilícitas.
Una investigación de Associated Press documentó que organizaciones criminales mexicanas han ampliado el uso de drones para distintas actividades: desde el traslado de drogas sintéticas y la vigilancia hasta el apoyo a cruces irregulares de migrantes y ataques armados. Algunos grupos también han adaptado aeronaves comerciales para transportar explosivos.
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La evolución tecnológica ha obligado a las autoridades a desarrollar nuevas formas de detección e intercepción. En un ejercicio militar realizado en Arizona en septiembre, empresas de defensa presentaron radares, drones interceptores y sistemas automatizados diseñados para identificar y neutralizar aeronaves pequeñas. El objetivo es responder a aparatos comerciales que pueden volar a baja altura y utilizarse para observar los movimientos de las fuerzas de seguridad.

La cifra de incursiones no equivale a mil vuelos del narco
La estimación de más de mil incursiones mensuales que ha citado el Pentágono tiene un antecedente importante: en marzo de 2024, el general Gregory Guillot reconoció ante legisladores que desconocía el número exacto y que la estimación procedía de conversaciones con funcionarios de la CBP y del Departamento de Justicia.
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En esa misma comparecencia, Guillot dijo que no había observado que las incursiones detectadas se hubieran traducido en una amenaza de nivel suficiente para la seguridad nacional, aunque advirtió que el riesgo potencial podía crecer.
El dato más reciente divulgado públicamente en octubre de 2026 es el de 378 incursiones detectadas en 30 días, reportado por el general Brian Filler. No se trata necesariamente de 378 drones diferentes: un mismo aparato puede ser detectado más de una vez, según explicó el propio Ejército al describir el desafío operativo en la frontera.
La nueva restricción de la FAA no establece que todos los drones detectados sean operados por organizaciones criminales. La medida prohíbe vuelos no autorizados en una zona delimitada y busca dar a las autoridades estadounidenses más margen para identificar e intervenir ante aeronaves que representen un riesgo.
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El desafío para Washington consiste en distinguir entre vuelos autorizados, incursiones accidentales y operaciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas. Mientras tanto, la cifra de incursiones reportada por sus mandos militares y la incorporación de tecnología antidrones muestran que la vigilancia del espacio aéreo fronterizo se ha convertido en una parte creciente de su estrategia de seguridad.
De herramienta de vigilancia a arma del crimen organizado: los drones ya operan en 17 estados de México
Los drones dejaron de ser únicamente herramientas para vigilar rutas y movimientos de las fuerzas de seguridad. Organizaciones criminales también los han adaptado para transportar drogas, lanzar explosivos y atacar a grupos rivales, una evolución documentada en distintas regiones del país.
Hasta el 21 de agosto de 2026, la organización ACLED había registrado incidentes relacionados con ataques mediante drones en 17 entidades mexicanas. Michoacán, Guerrero y Sinaloa concentraban la mayor cantidad de casos, en un contexto de disputas territoriales entre grupos armados.
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En Sinaloa, los aseguramientos de octubre mostraron otra dimensión del fenómeno: el Ejército localizó componentes para ensamblar aeronaves no tripuladas, rollos de fibra óptica y baterías. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el uso de estos dispositivos preocupa a las fuerzas armadas, aunque aclaró que las piezas aseguradas no eran drones completos ni tenían mecanismos para lanzar explosivos.
La expansión de esta tecnología también ha generado diferencias entre México y Estados Unidos sobre la dimensión de la amenaza en la frontera. Washington ha alertado sobre drones que, según sus autoridades, se utilizan para vigilar a agentes fronterizos y trasladar paquetes de droga; sin embargo, una incursión detectada no demuestra por sí misma que el aparato pertenezca a un cártel ni que haya cometido un delito.
La nueva restricción de la FAA se suma así a una disputa que combina seguridad fronteriza, tecnología antidrones y coordinación bilateral: mientras Estados Unidos endurece las medidas en su espacio aéreo, la actividad documentada en México muestra que las organizaciones criminales han incorporado aeronaves no tripuladas a sus operaciones de vigilancia, trasiego y ataque.
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