Desecha juez declaración de Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas, en audiencia contra César Jáuregui

Un juez de control excluyó la declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo como dato de prueba en la audiencia de formulación de imputación contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua. La decisión se tomó este domingo, luego de que la defensa del exfuncionario argumentara que incorporar ese testimonio violaría derechos fundamentales de Zuany, quien hoy también figura como imputado en la misma causa penal.

El juez Luis Alberto Simental Ortega determinó que el Ministerio Público debe abstenerse de usar la declaración que Zuany Portillo rindió originalmente como testigo, porque el exfiscal de Operaciones Estratégicas enfrenta ahora una orden de aprehensión y tiene carácter de coimputado. La resolución no implica el desechamiento de las acusaciones contra Jáuregui, quien sigue procesado por ejercicio ilegal del servicio público y coalición dentro de la causa penal 3055/2026.

Los argumentos de la defensa y el fallo del juez

Durante la audiencia, el Ministerio Público comenzó a leer la declaración que Zuany Portillo había rendido como testigo en los primeros días de la investigación. En ese documento, el exfuncionario señalaba que desde septiembre de 2025 tenía a su cargo el seguimiento de investigaciones vinculadas con extorsiones, secuestros y asignaciones especiales.

Los abogados Héctor Villasana Ramírez y Luis Villegas, defensores de Jáuregui, se opusieron a la lectura. Argumentaron que Zuany Portillo tiene hoy el carácter de imputado en la misma causa, que existe una orden de aprehensión en su contra y que rindió su declaración sin la presencia de un defensor.

La defensa sostuvo que, al margen de la fecha en que se obtuvo el testimonio, hoy le asisten a Zuany los derechos a no autoincriminarse y a contar con una defensa adecuada. Consideró que tomar a una persona como testigo y luego usar sus dichos cuando ya es imputada equivaldría a un fraude a la ley, prohibido por la Constitución y los criterios jurisprudenciales.

El juez aceptó el planteamiento de la defensa y ordenó a la representación social abstenerse de incorporar esa declaración como dato de prueba en esta etapa procesal. Indicó, sin embargo, que la audiencia podía continuar con los demás antecedentes que no se refirieran directamente a Zuany.

La posición del Ministerio Público

La representación social defendió la legalidad del testimonio. Argumentó que la declaración se obtuvo cuando Zuany Portillo todavía no tenía la condición de imputado, sino de testigo, como parte de las primeras diligencias de la investigación.

El Ministerio Público precisó que la unidad especializada para el caso se creó el 25 de abril de 2026, y sostuvo que la información de Zuany resultaba relevante para esclarecer el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.

Pese a esta defensa, el juez resolvió en favor de la postura planteada por los abogados de Jáuregui, al considerar que la incorporación del testimonio podría vulnerar los derechos del exfiscal especializado, quien aparece como autor en la formulación de imputación.

Las acusaciones contra César Jáuregui

El Ministerio Público acusó a Jáuregui Moreno de ordenar y coordinar la participación de cuatro personas de nacionalidad extranjera en el operativo de El Pinal, sin contar con la autorización federal correspondiente. La fiscalía atribuyó al exfiscal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado.

La acusación también señala que Jáuregui y Zuany Portillo se habrían concertado, en abril de 2026, para incorporar y mantener a los cuatro extranjeros en el operativo, evadiendo los mecanismos federales de autorización, información y control. Según el Ministerio Público, el exfiscal declaró en su momento que los extranjeros realizaban tareas de “capacitación en drones”, aunque las investigaciones revelaron que su participación en las operaciones de campo carecía de sustento legal.

Al inicio de la audiencia, Jáuregui optó por guardar silencio. Tras consultar con sus abogados, señaló que no encontraba claridad en la acusación y decidió no rendir declaración por el momento.

Jáuregui enfrenta, además de las imputaciones en el fuero local, una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por conductas que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.

El papel de Guillermo Zuany en el caso

Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), aparece señalado como coautor en la formulación de imputación contra Jáuregui por su presunta participación en la coordinación de la presencia de los ciudadanos extranjeros.

Las autoridades emitieron contra Zuany una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, con base en el artículo 308 del Código Penal del Estado de Chihuahua. La orden fue dictada por el mismo juez Simental Ortega, tras la captura de Jáuregui.

Durante la audiencia, la defensa del exfiscal general pidió además al juez evitar que se mencionara a Zuany en la exposición de motivos, al considerar que nombrarlo en ese contexto violaría su presunción de inocencia como coimputado. El juez dio la razón a la defensa en ese punto y ordenó al Ministerio Público evitar referirse a Zuany fuera de los datos de prueba admitidos.

Otros puntos resueltos en la audiencia

Antes de abordar el tema del testimonio de Zuany, el juez rechazó una petición del Ministerio Público para que la audiencia se realizara a puerta cerrada, bajo el argumento de que existían riesgos para la seguridad nacional. El juez respondió que el Poder Judicial del Estado es un ente transparente y que, al no existir ningún elemento considerado relevante para la seguridad nacional, la audiencia debía celebrarse de manera pública.

La defensa de Jáuregui también planteó un debate sobre la jurisdicción del caso. Sostuvo que la Fiscalía General del Estado carece de competencia para procesar los hechos, al considerar que corresponden al fuero federal o, en su defecto, a la Fiscalía Anticorrupción local.

Durante la audiencia se expusieron también testimonios de agentes estatales sobre la presunta presencia de ciudadanos extranjeros en el operativo, así como informes relacionados con el accidente ocurrido el 19 de abril, en el que murieron cuatro personas.