
Víctor Manuel Castillo Durán, agente de la Policía Estatal de Puebla, fue asesinado a balazos la mañana del 16 de octubre de 2026 en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana, cuando se encontraba en su día de descanso. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que el uniformado murió a causa de las lesiones provocadas por arma de fuego.
La víctima tenía 30 años y estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. Los primeros informes señalaron que recibió varios impactos de arma de fuego, aunque testigos indicaron haber escuchado alrededo de seis detonaciones durante la agresión.
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El ataque ocurrió sobre el bulevar Carmelitas, en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos. Una de las ubicaciones referidas fue cerca de la esquina con la calle Francisco I. Madero y a unos metros de una tienda Oxxo; otros reportes situaron los hechos en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.
Versiones recabadas en el sitio señalaron que Castillo Durán regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo al kínder. También se vio que caminaba acompañado de su esposa tomado de la mano cuando fue interceptado por el agresor.
Los atacantes habrían escapado en motocicleta
De manera preliminar, las autoridades investigaron el homicidio como un posible ataque directo. Los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta, dispararon contra el policía estatal y escaparon del lugar.
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Algunas versiones indicaron que uno de los agresores se adelantó y se ocultó entre vehículos antes de volver hacia la víctima para accionarle un arma de fuego en repetidas ocasiones. El presunto atacante portaba un chaleco de colores fosforescentes y una mochila, según imágenes de vigilancia difundidas tras el crimen.
En las imégenes se caercó a Víctor, se adelantó, lo esperó y regresó para toparse de frente con él y atacarlo cuando caminaba tranquilo junto a su esposa.
El cuerpo de Víctor Manuel Castillo Durán quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, con una playera verde y pantalón de mezclilla. Paramédicos acudieron tras las llamadas de vecinos y transeúntes al 9-1-1, pero únicamente confirmaron que ya no tenía signos vitales.
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La movilización ocurrió minutos después del ingreso de alumnos a un jardín de niños cercano. Padres de familia y habitantes de la zona presenciaron el despliegue de patrullas y personal de emergencia en el área donde ocurrió la agresión.

Elementos de seguridad municipal acordonaron la escena mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo. El Servicio Médico Forense también intervino en el sitio.
La FGE abrió una investigación para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había informado sobre personas detenidas por el homicidio.
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La SSP desplegó un operativo junto con autoridades federales y municipales en la colonia Tres Cerritos y zonas cercanas para localizar a los agresores. La dependencia informó que trabajaría con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a quienes participaron en el ataque.
El crimen ocurrió en una zona donde, menos de una semana antes, se registró otra agresión contra servidores públicos. Ese ataque iba dirigido contra un agente del Ministerio Público, pero su auxiliar resultó herido al encontrarse dentro del vehículo baleado en la calle 11 Sur, cerca de la Casa de Justicia y del bulevar Carmelitas.
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Con el asesinato de Castillo Durán, sumaron seis policías asesinados en Puebla durante 2026, de acuerdo con la organización Causa en Común.
665 policías y agentes de seguridad fueron asesinados en este sexenio
665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026 documentó el reciente informe de Causa en Común, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.
Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina. Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.
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Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas. Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.
El documento “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico” expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció impune. La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal.
Reportaje que recopila testimonios de viudas y familiares de policías y agentes de seguridad asesinados. A través de entrevistas realizadas por la organización Causa Común, las participantes relatan las dificultades que enfrentan al asumir el cuidado de sus familias tras la pérdida de sus parejas. Las imágenes muestran tomas aéreas urbanas, adornos en viviendas y primeros planos de las personas entrevistadas durante sus declaraciones.
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Los recursos crecieron de forma marginal frente a las carencias policiales
Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes. El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio. El organismo emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento, mientras persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.
La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales. La mayoría de las instituciones tampoco contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.
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El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas. A esas condiciones se sumaron deficiencias de infraestructura y equipamiento.
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