
México reportó la localización de más de 16 mil personas durante 2026 y la restitución de la identidad de más de 24 mil personas fallecidas desde enero de 2023, dos de las principales cifras que el Gobierno federal presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de los avances de su estrategia contra la desaparición de personas.
Durante un foro en la sede del organismo internacional, funcionarios mexicanos expusieron los resultados de las acciones de búsqueda e identificación humana, entre ellos la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento de las herramientas forenses para localizar a personas desaparecidas.
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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante delegaciones diplomáticas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, el funcionario detalló las 10 acciones de la estrategia impulsada por la mandataria y coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Más de 16 mil personas localizadas durante 2026

Entre los principales resultados presentados destacó la localización de más de 16 mil personas en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras expuestas por el subsecretario de Derechos Humanos.
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Sin embargo, la información difundida no precisó cuántas permanecen bajo algún proceso de seguimiento ni el desglose territorial de las localizaciones.
Como parte de las acciones para mejorar la respuesta institucional, Medina Padilla destacó la operación del Centro de Mando Nacional durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como los avances en la instalación de puestos de mando estatales.
La estrategia también contempla el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros oficiales y la búsqueda de personas en hospitales y centros penitenciarios, con el objetivo de ampliar las posibilidades de localización.
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Otro de los componentes consiste en fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, para lo cual se informó de la incorporación de nuevo personal y la adquisición de mayor equipamiento especializado.
Las acciones incluyen, además, el fortalecimiento de los servicios forenses y la prevención del reclutamiento de jóvenes, como parte de las medidas para atender las desapariciones.
Restituyen identidad a más de 24 mil personas fallecidas

Otra de las cifras destacadas durante el encuentro correspondió al trabajo de identificación humana realizado con asistencia técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del organismo, informó que, desde enero de 2023, la colaboración técnica ha contribuido a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas.
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Este resultado se obtuvo mediante el cotejo de huellas dactilares recopiladas por servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral (INE), un procedimiento que permite establecer coincidencias para avanzar en la identificación de personas.
Boehme reiteró la disposición del UNFPA para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, así como para impulsar el análisis genético y el intercambio de información entre instituciones estatales.
La cooperación busca fortalecer los mecanismos de identificación humana y contribuir a que las familias tengan acceso a información sobre el paradero de sus seres queridos.
Reformas obligan a iniciar investigaciones desde el reporte

En materia legal, el gobierno mexicano destacó las reformas aprobadas en 2025 que establecen la obligación de abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, además de iniciar la búsqueda de manera inmediata, sin esperar el transcurso de un plazo determinado.
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Las modificaciones forman parte de las medidas presentadas ante la ONU para mejorar la coordinación institucional y evitar retrasos en las primeras acciones de búsqueda.
Por la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, expuso los avances para fortalecer las investigaciones penales mediante el análisis de contexto y el uso de herramientas científicas y tecnológicas.
También destacó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, en cuya revisión participaron familias y colectivos, así como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, orientado a mejorar los procesos de identificación humana y el acceso a la justicia.
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ONU-DH pide convertir las normas en resultados

Durante el foro, James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció la prioridad otorgada al tema y las reformas adoptadas por México.
Asimismo, ratificó el acompañamiento técnico del organismo para mejorar los sistemas de información, fortalecer las investigaciones y garantizar la participación de las familias en los procesos de búsqueda.
No obstante, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos, una de las exigencias centrales para atender la desaparición de personas.
Con el acompañamiento de ONU-DH, México también conformó un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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Al cierre del encuentro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró la apertura del país al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.
El funcionario afirmó que el Estado mexicano ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.
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