Fiscalía de CDMX acusa a ocho personas y tres empresas por el caso Axe Ceremonia, donde murieron Berenice y Miguel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a ocho personas físicas y tres empresas por su probable participación en la caída de una estructura decorativa que mató a dos fotoperiodistas durante el festival Axe Ceremonia 2025. La acusación se formuló en una audiencia que comenzó el 14 de octubre.

El hecho ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. Una plataforma elevadora que sostenía una estructura decorativa cedió y cayó sobre los fotoperiodistas Miguel y Berenice, que cubrían el festival. Ambos murieron a consecuencia de las lesiones.

Siete personas y tres empresas enfrentan la acusación

Junto con María del Pilar “N”, responsable oficial de protección civil del festival, el Ministerio Público imputó a Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”. A ese grupo se sumaron tres personas morales señaladas en la misma causa.

Las tres empresas investigadas están vinculadas, respectivamente, con la organización del festival, la administración del Parque Bicentenario y la producción y ambientación del evento. Una de ellas también tuvo a su cargo la presentación del Programa Especial de Protección Civil ante las autoridades capitalinas.

¿Por qué la Fiscalía CDMX acusó a ocho personas y tres empresas? Porque la investigación detectó fallas en tres frentes: el manejo de la maquinaria que sostenía las estructuras, la organización y producción del festival, y el control del cumplimiento de las normas de protección civil exigidas para el evento.

Las grúas se instalaron después de las inspecciones

El expediente del Ministerio Público estableció que las grúas utilizadas para sostener las estructuras decorativas no figuraban en el programa de protección civil presentado ante las autoridades. Esa maquinaria se colocó el mismo día del festival, una vez concluidas las inspecciones previas al recinto.

Para sustentar la imputación, el agente del Ministerio Público reunió más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones. El expediente incorporó además testimonios de servidores públicos, personal de emergencias y personas vinculadas con la organización y la operación del evento.

Medidas cautelares distintas para personas y empresas

El juez vinculó a proceso a María del Pilar “N” por homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández. Le impuso presentación periódica bimestral y prohibición de acercarse a las víctimas indirectas, además de un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Para las otras siete personas físicas imputadas, el juez fijó presentación ante la autoridad y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. A las tres empresas se les impusieron garantías económicas de 500 mil pesos a cada una.

La defensa de estas diez personas físicas y morales pidió que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional ampliado. El juez programó una nueva audiencia para el domingo 18 de octubre, en la que definirá si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso.

La fiscalía promete continuar con las indagatorias

La Fiscalía CDMX informó que continuará impulsando el proceso penal y las diligencias necesarias para esclarecer las responsabilidades por lo ocurrido en el festival. El organismo señaló que actuará con respeto al debido proceso y al derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia.

Las diez personas físicas y morales restantes, además de María del Pilar “N”, permanecen bajo investigación mientras avanza el proceso penal. La resolución sobre su vinculación a proceso dependerá de lo que determine el juez en la audiencia del fin de semana.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, todas las personas mencionadas en esta causa se consideran inocentes. Serán tratadas como tales en cada etapa del procedimiento, hasta que un tribunal competente determine lo contrario mediante sentencia.