665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026 documentó el reciente informe de Causa en Común, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.
Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina. Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.
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Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas. Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.
El documento “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico” expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció impune. La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal.
Los recursos crecieron de forma marginal frente a las carencias policiales
Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes. El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio. El organismo emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento, mientras persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.
La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales. La mayoría de las instituciones tampoco contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.
El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas. A esas condiciones se sumaron deficiencias de infraestructura y equipamiento.
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Las protestas policiales sumaron 137 durante el sexenio
Las carencias laborales derivaron en al menos 137 movilizaciones de policías durante el sexenio, en demanda de mejores condiciones de trabajo. El estudio vinculó estas protestas con la precariedad salarial, la falta de prestaciones y las dificultades para acceder a esquemas de desarrollo profesional dentro de las corporaciones.
El documento afirmó: “No existe información confiable sobre el estado de las corporaciones. No se conoce con exactitud el número de policías que hay en el país. No existen servicios profesionales de carrera en la mayoría de las corporaciones; y, donde no existen reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso, es imposible crear incentivos para crear una auténtica profesionalización policial”.
Las policías estatales enfrentaron además deficiencias en formación. Fueron pocas las academias o institutos que realizaron estudios o dieron seguimiento a las necesidades de capacitación, mientras la mayoría de las corporaciones careció de programas adecuados para actualizar planes de estudio, métodos y criterios de evaluación de reclutas.
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La eficiencia terminal de las academias, entendida como la relación entre el número de egresados y el de ingresos, no permitió determinar con certeza la efectividad de la profesionalización policial. El informe señaló anomalías en registros institucionales, entre ellos el caso de la policía de la Ciudad de México, que informó más egresados que ingresos.
Solo 2,086 policías municipales ascendieron durante 2024
En las policías municipales no existieron evaluaciones que permitieran conocer el funcionamiento de sus sistemas de carrera. El único indicador disponible fue el número de elementos que ascendieron dentro de la escala jerárquica policial, documentado por el INEGI.
Durante 2024 ascendieron 2,086 policías municipales. Jalisco concentró 886 ascensos, Puebla registró 473 y Nuevo León tuvo 168; no se conoció a qué cargos llegaron los elementos ni los municipios a los que estuvieron adscritos.
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Las corporaciones de Campeche, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no informaron contar con comisiones de carrera policial. La ausencia de estos mecanismos se sumó a la falta de reglas para ordenar los procesos de ingreso, continuidad laboral y promoción de los agentes.
Hasta el 9 de octubre de 2026, 15 mandos de origen militar estuvieron al frente de secretarías estatales de seguridad pública: siete provenientes del Ejército y ocho de la Marina. Las entidades con estos titulares incluyeron Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas.
La organización consideró que el nombramiento de perfiles militares debilitó los incentivos para construir carreras policiales civiles. También reforzó la subordinación de instituciones de seguridad pública a lógicas militares distintas a las funciones de las corporaciones locales.
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Las policías estatales carecieron de controles disciplinarios internos
La información sobre los regímenes disciplinarios fue escasa y fragmentaria, particularmente en el ámbito municipal. Estos sistemas deberían establecer reglas sobre la conducta de los elementos, así como mecanismos internos para investigar y sancionar faltas cometidas por el personal.
A través de solicitudes de información, la organización constató que prácticamente todas las policías estatales carecieron de instrumentos normativos para definir y regular procedimientos disciplinarios. Veracruz y Zacatecas no respondieron la solicitud, por lo que el informe no afirmó que la ausencia fuera absoluta en las 32 entidades.
Ninguna corporación estatal contó con protocolos de alerta temprana para prevenir conductas indebidas ni con lineamientos específicos para recibir quejas internas. Estas ausencias limitaron la detección, prevención y sanción de irregularidades dentro de las instituciones.
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De las 1,898 corporaciones municipales registradas en el país, solo 152 informaron tener una Unidad de Asuntos Internos formalmente constituida. La regulación de quejas se realizó de manera general mediante leyes o reglamentos estatales, sin diferenciar entre denuncias ciudadanas y reclamos de integrantes de las propias policías.
La certificación policial mostró diferencias entre entidades
En 2024, el 70% de los policías estatales y el 57% de los municipales contaron con Certificado Único Policial vigente. El CUP debía acreditar requisitos básicos para ejercer la función, entre ellos evaluaciones de control de confianza, competencias esenciales y desempeño.
Chiapas, Chihuahua y Querétaro informaron que el 100% de su personal estatal estaba certificado. Guanajuato, Colima y Baja California Sur reportaron porcentajes superiores al 90%, mientras Campeche, Estado de México y Nuevo León aseguraron que más del 80% de sus policías estatales tenía el certificado vigente.
Quintana Roo, Zacatecas, Veracruz y Puebla registraron menos de 50% de elementos estatales con CUP vigente. Guerrero informó 18% y Oaxaca reportó 2%, las proporciones más bajas mencionadas en el documento.
El estudio sostuvo que las diferencias entre entidades, los vacíos normativos y la falta de estructuras administrativas para seguir estos procedimientos pusieron en duda la utilidad de los datos disponibles. La organización propuso retirar de forma paulatina a las Fuerzas Armadas de tareas civiles y colocar el fortalecimiento de las policías locales como prioridad gubernamental.
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