Desaparición de siete campesinos en Guerrero evidencia el control territorial del narco, advierte ONG

Ocho campesinos del ejido El Balcón, en el municipio guerrerense de Ajuchitlán del Progreso, permanecen desaparecidos desde el 24 de septiembre. Hombres armados los privaron de la libertad cuando se dirigían a labores del campo cerca de la comunidad de La Lajita, en una zona disputada entre grupos criminales por el control territorial y la explotación ilegal de la madera.

Especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, atribuyen el hecho a la expansión de La Nueva Familia Michoacana y a la omisión histórica del Estado en la región.

Edgar Cortez, coordinador de proyectos del IMDHD, sostiene que el caso no es un episodio aislado. Lo describe como la confirmación de un nivel de sometimiento territorial construido durante años mediante el miedo.

Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos en Fundar, advierte sobre la normalización de la violencia en Guerrero. El especialista señala que agresiones de esta magnitud ya no generan el escándalo público que deberían provocar.

El trasfondo económico del conflicto tiene nombre propio: la caída de los cultivos de amapola. Ante ese declive, los grupos armados se desplazaron hacia la tala ilegal, donde las comunidades organizadas que defienden sus bosques se volvieron un obstáculo para su expansión.

El secuestro en La Lajita y la liberación del menor el 1 de octubre

El 1 de octubre, los captores liberaron a uno de los secuestrados: un menor de 12 años. El niño transmitió a la población exigencias del grupo criminal relacionadas con el control del territorio.

La falta de avances en la localización de los otros siete campesinos detonó una respuesta comunitaria. Las familias y decenas de poblados de la sierra iniciaron movilizaciones masivas para exigir el regreso con vida de los desaparecidos.

Humberto Guerrero vincula esa autoorganización con el abandono institucional. “Ante el abandono por parte de las instituciones, tanto estatales como federales, a las comunidades no les queda otra más que autorganizarse y generar sus propias estrategias de resistencia”, explicó el especialista a El Sur.

El 7 de octubre comenzó a circular en redes sociales una grabación de unos cinco minutos. En ella aparecen cinco de los campesinos desaparecidos, maniatados y con los ojos vendados en algunas tomas, mientras una voz masculina los interroga.

En el video, los hombres declaran pertenecer a Los Granados, grupo rival de La Nueva Familia Michoacana en la Costa Grande. El ejido El Balcón rechazó de inmediato el contenido de la grabación.

La comunidad denunció incongruencias evidentes, como la vestimenta de camuflaje que no correspondía a la ropa de trabajo que llevaban al momento de la captura. Los vecinos defendieron la trayectoria de sus compañeros, dedicados al campo, la ganadería, la producción de mezcal y el manejo forestal sustentable.

Edgar Cortez cuestiona el valor probatorio de este tipo de materiales ante cualquier autoridad. “No tiene ningún valor probatorio pues es difícil saber si están siendo obligados o si es algo espontáneo. Creo que hay elementos suficientes para pensar que los están obligando”, afirmó el coordinador del IMDHD ante el diario.

Para el investigador, el análisis de contexto comunitario resulta la herramienta central para construir una hipótesis creíble. Esa tarea cobra urgencia mientras no existan investigaciones formales e imparciales que esclarezcan los hechos.

¿Por qué los grupos criminales difunden este tipo de grabaciones durante una desaparición? Según los especialistas consultados, buscan manipular la percepción pública e imponer una versión favorable de los hechos, además de desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos y debilitar el reclamo de justicia de las comunidades afectadas.

Humberto Guerrero identifica en el video un patrón sistemático de criminalización de víctimas. “Los grupos criminales quieren generar la narrativa de que estas personas ‘se lo buscaron’”, amplió el especialista ante la publicación.

Esa narrativa, explica, cumple una doble función para los grupos armados. Por un lado, justifica la violencia como si le hicieran un favor a la comunidad; por otro, busca que la sociedad normalice las circunstancias y reduzca la presión sobre la autoridad.

El analista de Fundar recuerda que este modus operandi se ha usado históricamente en el país. El mecanismo, señala, permite que las instituciones eludan su responsabilidad de búsqueda e investigación de las víctimas.

Guerrero subraya que ninguna autoridad debe tomar como cierto el contenido de esas grabaciones. Insiste en que a las personas siempre debe dárseles un tratamiento como lo que son: víctimas de un delito.

El especialista también apunta a una responsabilidad ética de los medios de comunicación al abordar este tipo de materiales. Agrega que ningún antecedente ni especulación elimina el deber irrenunciable del Estado de buscar con vida a cualquier persona desaparecida.

Más de dos mil pobladores de cerca de 50 comunidades de la sierra marcharon en Técpan de Galeana en rechazo a los hechos. Los manifestantes realizaron además un bloqueo en la carretera Zihuatanejo-Acapulco para exigir el regreso con vida de los campesinos.

La respuesta de Evelyn Salgado Pineda y el reclamo de 319 comunidades serranas

La presión social y las movilizaciones en la sierra antecedieron el pronunciamiento de la gobernadora. El 9 de octubre, Evelyn Salgado Pineda difundió un mensaje en video con expresiones de solidaridad hacia las familias de los campesinos.

La gobernadora aseguró que se mantenían operativos permanentes para localizar a los siete hombres. La acompañaron en el mensaje el secretario de Seguridad estatal, Antonio Ledesma Osuna, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros.

“No escatimaremos en recursos ni esfuerzos para encontrar a sus seres queridos y retornarlos a sus hogares”, declaró Salgado Pineda. El pronunciamiento tuvo relevancia porque fue la primera vez que la titular del Ejecutivo estatal se refirió públicamente al caso esa semana.

Una investigación periodística difundida el 13 de octubre reveló la existencia de cinco grabaciones captadas por drones. Las imágenes, tomadas en fechas cercanas a los hechos, muestran la aparente captura de tres de los campesinos junto a instalaciones señaladas como posibles campamentos de La Nueva Familia Michoacana.

La comunidad entregó esos materiales a las autoridades para fortalecer las diligencias en curso. El malestar vecinal creció pese a los ofrecimientos oficiales, ante la falta de resultados concretos en la búsqueda.

Las 319 comunidades serranas de la región acordaron articularse para llevar su reclamo directamente ante el gobierno federal. La magnitud de esa movilización refleja el nivel de hartazgo frente a la violencia sostenida en la zona.

Edgar Cortez sostiene que la fiscalía y los cuerpos de seguridad tienen como tarea central liberar a las personas antes de construir cualquier línea de investigación judicial. El especialista añade que la actuación gubernamental debe apoyarse en labores de inteligencia fina y en el conocimiento territorial que poseen las comunidades.

Humberto Guerrero califica de “sospechoso” que no existan políticas eficaces de prevención en regiones con tanta información histórica sobre incidencia delictiva. El investigador de Fundar advierte que la magnitud de los hechos evidencia esquemas de corrupción y colusión entre grupos criminales y funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Esos esquemas, subraya, no se limitan únicamente al ámbito municipal, como históricamente se ha intentado sostener. El especialista reprocha que planes oficiales como el Operativo Enjambre partan de ese supuesto limitado.

“Mientras no se despliegue una estrategia de mediano y largo plazo orientada a desmantelar las redes estructurales de macrocriminalidad y corrupción en todos los niveles del Estado, cualquier acción será insuficiente”, afirmó Guerrero. Ambos analistas coinciden en que el Estado tiene la obligación de generar un mecanismo de vigilancia permanente con presencia de fuerzas federales, como el Ejército y la Guardia Nacional.

Los especialistas plantean además la protección o reubicación temporal de los pobladores en situaciones extremas de riesgo. Consideran indispensable combinar la inteligencia técnica policial con la llamada inteligencia social que aportan las propias comunidades.

De comprobarse negligencia u omisión institucional, ambos coinciden en que los mecanismos de rendición de cuentas deben activarse de inmediato. Proponen investigaciones penales y administrativas transparentes, con juicios públicos y abiertos que establezcan responsabilidades de funcionarios y mandos coludidos.

Esa exigencia busca garantizar a la sociedad y a las comunidades de Guerrero el derecho a la verdad. El patrón de violencia e impunidad descrito por los especialistas continúa agravándose mientras los siete campesinos de El Balcón permanecen sin ser localizados.