La expansión de proyectos energéticos, mineros y de infraestructura en territorios costeros vuelve a colocar a México, los bancos y las multinacionales frente a una discusión que rebasa la inversión: quién obtiene los beneficios y quién enfrenta los costos ambientales y sociales.
Una investigación internacional difundida por la Universidad Iberoamérica (Ibero) documentó que el pueblo zapoteco figura entre las comunidades indígenas relacionadas con conflictos socioambientales vinculados con instituciones financieras.
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El estudio planteó que la protección de los territorios costeros no puede separarse de los derechos de los pueblos indígenas que los habitan y cuidan.
Asimismo, propuso fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y las salvaguardas obligatorias para evitar daños derivados de proyectos de desarrollo.
La investigación Corporations and financial institutions driving coastal conflicts involving Indigenous Peoples, publicada en la revista científica Ambio, analizó 401 casos registrados en 72 países.
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Entre sus autoras participó Adriana Flores Díaz, académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Ibero.
El trabajo examinó la relación de corporaciones e instituciones financieras con disputas por territorio, recursos naturales y derechos de pueblos indígenas.
El análisis se centró en zonas costeras y en actividades económicas que transforman las tierras, las aguas y los medios de vida de las comunidades.
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Pueblo zapoteco, entre las comunidades afectadas
El documento incluyó referencias a pueblos indígenas de América Latina relacionados con conflictos donde participaron instituciones financieras. Entre ellos se encuentra el pueblo zapoteco de México.
La presencia del pueblo zapoteco en el análisis mostró que las disputas sobre territorio y recursos naturales también alcanzaron a comunidades mexicanas.
La investigación señaló que los pueblos indígenas enfrentan modificaciones en sus entornos y obstáculos para intervenir en decisiones sobre el aprovechamiento de sus territorios, tierras y aguas.
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El estudio no redujo estos conflictos al deterioro ambiental. Sus autores identificaron desigualdades en la distribución de beneficios económicos, restricciones a la participación comunitaria y decisiones sobre recursos que no reconocieron de forma suficiente los derechos de los habitantes de esos territorios.
Entre las consecuencias más frecuentes se encontraron la pérdida de medios de subsistencia, vulneraciones a derechos humanos y el deterioro de la relación de las comunidades con sus territorios.
Energía, minería y uso de la tierra concentraron las disputas
La producción de energía acumuló 126 de los conflictos documentados.
La extracción de minerales ocupó el segundo lugar, con 74 casos, mientras que las actividades relacionadas con biomasa y uso de la tierra sumaron 72.
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Estas actividades concentraron los principales focos de tensión identificados en los 401 conflictos. La investigación también clasificó 164 casos, equivalentes a 40%, con una intensidad media.
Otros 127 casos, es decir, 31%, fueron considerados de intensidad alta.
Los investigadores advirtieron que el aumento de la intensidad se relacionó con conflictos sobre recursos, condiciones de participación y afectaciones a las comunidades indígenas involucradas.
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El análisis indicó que los conflictos asociados con corporaciones que operaban fuera de sus países de origen tendieron a registrar mayor intensidad que aquellos vinculados con empresas que desarrollaban actividades en sus propios territorios.
Los autores precisaron que esa relación no se mantuvo al agrupar todos los sectores económicos.
No encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el origen nacional o extranjero de las empresas y la intensidad de los conflictos cuando analizaron el conjunto de las actividades.
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Instituciones financieras aparecieron en 85 de los 401 casos
La investigación identificó 149 instituciones financieras relacionadas con 85 de los conflictos analizados.
En los otros 316 casos no se reportó información sobre las entidades que aportaron financiamiento, una limitación para medir el alcance de su participación.
El Banco Mundial fue mencionado en 16 casos. La Corporación Financiera Internacional apareció en cinco, la Corporación Financiera Internacional también conocida como IFC, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo fue identificado en cinco disputas.
El Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea figuraron en cuatro casos cada uno. Las instituciones con sede en Norteamérica fueron relacionadas con 42 conflictos, a través de 32 entidades, y las de Europa occidental participaron en 26 casos mediante 25 instituciones.
Los investigadores señalaron una contradicción entre compromisos públicos de sostenibilidad y los resultados documentados en los territorios. Expusieron que los marcos de protección ambiental y social, así como las políticas para resguardar derechos indígenas, no siempre garantizaron la participación de las comunidades ni evitaron afectaciones.
Empresas de 81 países operaron proyectos vinculados con los conflictos
El estudio identificó 869 corporaciones originarias de 81 países que operaban proyectos relacionados con los 401 conflictos. El 72% de las compañías tenía su origen en América Latina, África y Asia.
En esas mismas regiones se localizó 78% de los conflictos analizados. La investigación encontró una dinámica de operaciones internacionales entre empresas europeas y norteamericanas que desarrollaban proyectos en África.
La producción energética concentró 167 casos vinculados con corporaciones que operaban entre continentes. Esa cifra representó 42% de los conflictos registrados en ese sector.
En minería, el análisis detectó participación internacional, en especial de empresas norteamericanas con operaciones en América Latina. El estudio también mencionó a los pueblos garífuna e isleño de Nicaragua y Honduras, a los guaraníes de Brasil y a comunidades indígenas de Filipinas y Australia.
Los autores propusieron que los proyectos cuenten con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y consulta. Plantearon que el consentimiento libre, previo e informado debe permitir a los pueblos indígenas recibir información suficiente y participar en las decisiones que afecten sus territorios y formas de vida.
La investigación también sugirió promover esquemas de financiamiento que den mayor participación a las propias comunidades indígenas en la conservación de ecosistemas costeros, la protección de biodiversidad y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
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