La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la instalación en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, una mesa permanente de seguimiento para atender a personas y familias en situación de desplazamiento forzado, en respuesta a una crisis que pobladores y organizaciones civiles han documentado en la Sierra Tarahumara.
Durante el encuentro de este 20 de agosto, donde estuvieron presentes funcionarios de la Segob, se reunieron a comunidades rarámuri, guarijías y mestizas desplazadas de cuatro municipios: Guadalupe y Calvo, Moris, Urique y Uruachi.
Representantes de 15 dependencias federales, organizaciones de la sociedad civil e Iglesia participaron en el diálogo junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien encabezó la reunión en representación de Rosa Icela Rodríguez.
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Vivienda, salud y educación, entre las principales necesidades
Durante el diálogo, las familias expusieron sus necesidades en materia de:
- Vivienda y acceso a servicios básicos
- Salud y atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes
- Educación y empleo
- Acceso a programas sociales
Entre los acuerdos alcanzados, las instituciones coordinarán acciones de corto, mediano y largo plazo. Una de las primeras medidas es la atención inmediata a familias de origen indígena tepehuano con necesidades urgentes. Se designó además un enlace institucional que dará seguimiento a los compromisos y mantendrá comunicación permanente con las comunidades y las organizaciones que las acompañan.
Medina transmitió a las familias un mensaje de compromiso del Gobierno de México y señaló que el encuentro forma parte de una ruta de trabajo permanente en territorio para construir soluciones integrales y duraderas con enfoque de derechos humanos.
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El retorno a las comunidades de origen, condicionado a garantías de seguridad
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, el gobierno revisará las condiciones en las comunidades de origen para definir acciones que generen condiciones de seguridad. El objetivo es que el retorno de las familias que así lo decidan se realice de manera voluntaria y digna.
Se busca que quienes regresen puedan recuperar sus hogares, sus actividades productivas y sus formas de vida comunitaria, así como avanzar en la reconstrucción de sus proyectos de vida afectados por el desplazamiento.
Organizaciones civiles alertan sobre desplazamiento silencioso
En abril de este año, la Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Consultoría Técnica Comunitaria y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la región no ha cesado desde el “combate al narcotráfico” decretado por el expresidente Felipe Calderón.
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Las organizaciones señalaron que el desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo es producto de una disputa territorial entre grupos criminales, agravada por la ausencia de estrategias coordinadas de seguridad. Adviertieron que los casos que trascienden a medios son solo una parte del problema: existe un desplazamiento silencioso que, día a día, arrebata a familias su patrimonio y su seguridad.
Las mismas organizaciones habían solicitado en semanas anteriores una reunión con la Secretaría de Gobernación y con el subsecretario Medina sin obtener respuesta. En su pronunciamiento, calificaron el desplazamiento forzado interno como una violación grave a los derechos humanos y exigieron que el Estado mexicano actúe con todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas en riesgo.
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