El Ejército Mexicano desplegó 100 elementos de Fuerzas Especiales hacia Zacatecas la noche del miércoles 22 de julio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el gobierno federal para contener la violencia en una de las entidades con mayor presión delictiva del país.
El contingente partió a las 20:00 horas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en la capital zacatecana. A su llegada, los efectivos se incorporaron a las operaciones que coordina la 11/a. Zona Militar junto con los tres órdenes de gobierno.
Refuerzo sobre refuerzo: el acumulado supera los 500 efectivos
El despliegue del miércoles no es el primero de la semana. Tres días antes, el 19 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya había enviado 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional a la misma entidad, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.
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Con la incorporación de los 100 especialistas de Fuerzas Especiales, el refuerzo acumulado en menos de una semana supera los 500 elementos federales desplegados en territorio zacatecano. La Sedena no precisó en su comunicado si este volumen de personal representa el techo del operativo o si se contemplan envíos adicionales.
Tres municipios en el centro de las operaciones
Las misiones asignadas al nuevo contingente se concentran en las zonas conurbadas de tres municipios: Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Las tareas incluyen patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en esas áreas.
Fresnillo figura de manera recurrente entre los municipios con mayor número de homicidios dolosos en el estado, mientras que la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe concentra la actividad administrativa y comercial de la entidad. La presencia militar en esos corredores apunta a recuperar control territorial en puntos de alto tránsito civil.
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La Sedena precisó que toda actuación del personal desplegado se rige por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y se desarrolla con pleno respeto a los derechos humanos, condición que el comunicado institucional subrayó de forma explícita.
Desarticular organizaciones y recuperar espacios públicos
El objetivo declarado por la Sedena va más allá del patrullaje visible. El comunicado señala que el despliegue busca “la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia”, con el fin de contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la población zacatecana. La formulación oficial encuadra el operativo dentro de las “medidas permanentes para fortalecer la paz” en la entidad, lo que sugiere que la presencia castrense no está pensada como una intervención de emergencia puntual, sino como un componente sostenido de la estrategia de seguridad en Zacatecas.
La 11/a. Zona Militar asumió la coordinación operativa del conjunto de fuerzas desplegadas, articulando la actuación del Ejército y la Guardia Nacional con las autoridades estatales y municipales. La Sedena describió el operativo como orientado a “acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población”.
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Fuerzas Especiales: un perfil diferenciado dentro del Ejército
El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano agrupa unidades con entrenamiento avanzado en operaciones de alta complejidad, distintas de las tropas de línea convencionales. Su incorporación al operativo zacatecano, en lugar de refuerzos de infantería regular, indica que el mando militar evaluó que la situación en la entidad requería capacidades específicas de reconocimiento e intervención.
El traslado en una aeronave de transporte pesado desde Santa Lucía —sede de uno de los principales nodos logísticos de las Fuerzas Armadas— refleja la escala y la celeridad con que la Sedena ejecutó el movimiento de tropas hacia el noroeste del país.
La masacre que detonó el operativo
El 18 de julio de 2026, 10 hombres fueron hallados sin vida en tres municipios de Zacatecas: Pánuco, Morelos y Sain Alto. Cinco de los cuerpos aparecieron colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54, en Pozo de Gamboa; cuatro fueron localizados cerca de una clínica del IMSS en Morelos, y uno a un costado de la carretera federal 45 en Sain Alto.
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Todos eran hombres: ocho originarios de Zacatecas y dos del estado de Durango. Entre las víctimas identificadas figuraban empresarios, el expresidente municipal de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez, el secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Fresnillo Fidel Alvarado de la Torre, y el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández. Ninguna contaba con antecedentes penales, según las autoridades.
El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya precisó que las víctimas fueron secuestradas en distintos momentos: cuatro dejaron de comunicarse con sus familias desde el 16 de julio, otras cinco desde el 17, y una fue privada de su libertad el propio 18 de julio, día del hallazgo. En ningún caso constaban denuncias previas por desaparición.