Detrás del contrabando de combustible atribuido al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel operaba una estructura financiera paralela que movió más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares, según reveló este 16 de julio la fiscal general Ernestina Godoy al dar a conocer la investigación que llevó a la detención del exmandatario en Ensenada, Baja California.
La magnitud del flujo de dinero contrasta con la actividad declarada por las empresas de la red. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada determinó que los patrones de movimiento en esas cuentas eran “incompatibles con la actividad económica reportada” por las firmas involucradas. En términos simples: el dinero que entraba y salía de esas cuentas no correspondía al tamaño ni al tipo de negocio que esas empresas decían tener.
El daño estimado al erario supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025 por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
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La FGR rastreó 80 cuentas puente
El análisis financiero de la FGR detectó una característica común en las cerca de 80 cuentas bancarias nacionales vinculadas a la red: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos en todo momento.
Ese comportamiento es el sello de las denominadas cuentas puente. Funcionan como eslabones en una cadena: el dinero entra a una cuenta, se mueve rápidamente a otra, y así sucesivamente, hasta que resulta muy difícil para las autoridades identificar de dónde vino originalmente y a quién pertenece en realidad. Cuantos más eslabones, más opaco el rastro.
La fiscal Godoy explicó que la reconstrucción de ese entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Los domicilios y centros de operación verificados abarcaron Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
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El trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible —carros tanque, espuelas ferroviarias, pipas— y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización.
Una empresa central enviaba el dinero al extranjero
La arquitectura financiera de la red tenía un nodo central: una empresa que recibía los ingresos generados por el contrabando y los canalizaba hacia firmas extranjeras a través de transferencias internacionales. La FGR calificó ese mecanismo con “indicios de triangulación de recursos”.
La triangulación funciona así: el dinero generado por la venta ilegal de combustible en México no va directo al bolsillo de los responsables. Primero pasa por una empresa, luego por otra en otro país, y así hasta que parece dinero limpio proveniente de un negocio legítimo. Es el equivalente financiero de declarar solo el 10% de la carga en aduana: se reporta menos de lo que realmente ocurre.
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Las operaciones cambiarias registradas superaron los 1,386 millones de dólares. Esa cifra no representa el valor total del combustible contrabandeado, sino el volumen de divisas que la red movió como parte de su operación financiera, lo que da cuenta de la escala del esquema más allá de la logística de los carros tanque.
La investigación no se limitó a documentar irregularidades aduaneras. De manera paralela, la fiscalía desarrolló un análisis financiero especializado que cruzó información de cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales y relaciones corporativas en múltiples jurisdicciones.
Ingemar: de empresa portuaria a nodo de una red con 25 objetivos y órdenes de aprehensión
La firma en el centro del esquema financiero es Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel con actividades originales en servicios portuarios, dragados y operación de puertos. En 2023, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Fue bajo ese permiso donde se habría desarrollado el esquema.
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En septiembre de 2025, cuando su nombre comenzó a circular públicamente en relación con la investigación, el propio Ruffo Appel reconoció en entrevista con Grupo Fórmula su vínculo con la empresa. Sostuvo que la aduana era responsable de la falta de claridad sobre el caso y atribuyó la difusión de su nombre a una filtración de información.
Ese mismo mes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó, al ser cuestionada sobre una lista de 200 órdenes de aprehensión por huachicol fiscal, que las investigaciones involucraban a “un ex gobernador del PAN”. No precisó el nombre. La detención del 16 de julio apunta a que se refería a Ruffo Appel.
El contraste con las declaraciones previas de las autoridades es directo: el 9 de septiembre de 2025, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, fue cuestionado en la conferencia mañanera sobre la situación jurídica del exgobernador. Su respuesta fue: “Al momento no cuenta con orden de aprehensión”.
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Las investigaciones identificaron también a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo 16 de julio en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Thompson Navarro fungió como vocal del consejo de Ingemar, cargo que le fue revocado con anterioridad. Las indagatorias alcanzarían además a un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo y a la empresa Lambrucat, señalada junto con Ingemar.
Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran socios de las empresas presuntamente vinculadas a la red, operadores logísticos y servidores públicos, entre ellos agentes aduanales y personal autorizado.
Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.