Julián LeBarón buscará la gubernatura de Chihuahua en 2027 con el partido Somos MX pese a amenazas de muerte que obligaron a parte de su familia a salir del país.
El activista, cuya familia fue víctima de una masacre del Cártel de Juárez en 2019, confirmó su candidatura ciudadana este 15 de julio en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, junto al presidente nacional de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo.
LeBarón entra a competir en un escenario donde Morena, el PAN y el PVEM ya libran sus propias disputas internas por la entidad.
El anuncio llega en medio de una fractura abierta en la alianza opositora a Morena en Chihuahua. Arturo Escobar, dirigente del PVEM, condicionó públicamente la coalición: “Si no es Cuéllar, no vamos”, en referencia a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez. El PT, por su parte, declaró que va con Andrea Chávez.
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La dirigente de Morena en el estado calificó el momento de “efervescencia electoral” y aseguró que el bloque se está poniendo de acuerdo. LeBarón se perfila así como una tercera opción en un mapa político fragmentado.
No se afiliará al partido
Acosta Naranjo precisó que la postulación se formalizará “en el momento procesal debido”, conforme a los tiempos establecidos por la ley electoral. Subrayó que LeBarón no deberá afiliarse a la organización, pues se trata de una candidatura ciudadana con coincidencias ideológicas con el movimiento.
“Este partido no es para nosotros, este partido es para ustedes”, dijo Acosta Naranjo al presentar al activista. El dirigente sostuvo que Somos MX rechaza las campañas anticipadas y actuará dentro del marco constitucional.
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LeBarón explicó su decisión de sumarse a un partido en lugar de ir como independiente en entrevista con Azucena Uresti: “Los mexicanos odian a los políticos, y por muy justa y muy buena razón. Nos han dejado en casi la total indefensión de la vida, de la libertad y la propiedad. Pero no hay nada sagrado en una candidatura independiente. Un independiente puede ser tan corrupto como cualquier político”. Añadió que ve a Somos MX “casi como un tanque de guerra, para no ir con una resortera”.
El activista señaló que la decisión también tiene un componente familiar: su tío Adrián LeBarón forma parte de Somos MX, al igual que Emilio Álvarez Icaza, a quien describió como “uno de mis grandes amigos de mil batallas, con el que caminamos por todo el país”. Agradeció además el respaldo de comunidades tarahumaras y menonitas, así como de agricultores y transportistas. Ratificó su respaldo a las Madres Buscadoras y a los colectivos de personas desaparecidas.
Amenazas de muerte y custodia de la Guardia Nacional
LeBarón reveló durante la conferencia que ha recibido amenazas de muerte que obligaron a parte de su familia a abandonar el país. Informó que notificó la situación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ordenó que elementos de la Guardia Nacional reforzaran su protección.
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El activista centró su agenda en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad en los 67 municipios de Chihuahua.
Sostuvo que, aunque mantiene comunicación con la gobernadora Maru Campos, persisten problemas de seguridad que considera necesario atender con mayor firmeza.
Señaló que en el estado “es muy difícil moverte de un lugar a otro por cuestiones de seguridad”, y que no hay protección suficiente ni siquiera para los niños.
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Familias LeBarón piden embargar activos de El Mayo Zambada
En paralelo al anuncio político, el despacho Motley Rice LLC presentó el 15 de julio ante el juez federal Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, una solicitud para que los activos bloqueados de Ismael “El Mayo” Zambada respondan por la sentencia de 2022 que integrantes de la familia LeBarón obtuvieron contra el Cártel de Juárez.
La petición se apoya en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 (TRIA), que permite a víctimas de terrorismo ejecutar sentencias contra bienes congelados de organizaciones sancionadas. El acuerdo de culpabilidad de Zambada incluye la confiscación de 15,000 millones de dólares.
El despacho acusó que el gobierno de Estados Unidos presentó el 13 de julio una propuesta de Orden de Decomiso que dirigiría todos los pagos directamente a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, excluyendo a las familias. El abogado John M. Eubanks señaló que esa propuesta “precisamente eliminaría la oportunidad” que el propio juez Cogan había garantizado a las víctimas.
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Las familias formularon cinco peticiones al juez: una orden preliminar de decomiso antes del 20 de julio; acceso al estado financiero de Zambada requerido por su acuerdo de culpabilidad; una copia de ese documento; la garantía de que sus derechos bajo la TRIA no se verían afectados; y notificación oportuna sobre cualquier pago recibido o bien identificado para cubrir la sentencia.
La masacre del 4 de noviembre de 2019 —atribuida a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez— dejó nueve muertos: las mujeres Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Rhonita Maria Miller, y seis menores de edad. Ese crimen marcó el inicio del activismo público de Julián LeBarón y de su familia en los movimientos de víctimas de la violencia en México.