En el Congreso del Estado de México se llevó a cabo el foro “Vientres de Alquiler ¿Negocio, explotación o derecho?”, un espacio de parlamento abierto donde especialistas, legisladoras y representantes de la sociedad civil analizaron la necesidad de fortalecer y regular el marco jurídico en materia de gestación subrogada en el Edomex.
Durante el encuentro, las diputadas panista Joanna Felipe Torres y la petista Ana Leyva Piñón coincidieron en que la ausencia de una regulación clara puede propiciar abusos y esquemas que vulneren la dignidad de las mujeres, así como los derechos de niñas y niños.
Felipe Torres subrayó que el objetivo no es criminalizar la reproducción asistida, sino construir un marco normativo responsable, sustentado en evidencia científica, jurídica y empírica que permita dimensionar el fenómeno de la gestación por sustitución.
- Señaló que el deseo legítimo de formar una familia no debe concretarse bajo esquemas de mercado que afecten la dignidad humana.
- Indicó que la falta de certeza jurídica favorece a intermediarios que conciben el cuerpo de la mujer como medio de reproducción y a la niñez como objeto de contrato.
- Destacó que el ejercicio de parlamento abierto permite escuchar diversas voces antes de impulsar cualquier reforma.
La legisladora recordó que en entidades como Tabasco y Sinaloa la práctica está permitida bajo ciertos esquemas legales, mientras que en Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí se prohíbe o no se reconoce este tipo de acuerdos, lo que evidencia la disparidad normativa en el país.
Derechos humanos y protección de la niñez
Por su parte, Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, afirmó que la gestación subrogada es un fenómeno complejo que involucra derechos humanos, autonomía reproductiva, protección de las mujeres y el interés superior de la niñez.
- Reconoció que se trata de una realidad existente que no puede ignorarse.
- Subrayó la necesidad de análisis técnico y perspectiva de derechos humanos.
- Llamó a establecer mecanismos de regulación, protección y supervisión con un Estado garante que prevenga abusos, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
La diputada enfatizó que cualquier legislación debe colocar en el centro la dignidad humana y evitar escenarios de explotación reproductiva.
Posturas desde la sociedad civil y la academia
En el foro participaron especialistas que ofrecieron distintas perspectivas sobre la gestación subrogada.
Valeria González Ruiz, coordinadora del Área de Asuntos Públicos de Early Institute, presentó el documento “La Explotación reproductiva en México”, donde sostuvo que la maternidad subrogada puede convertirse en una forma de comercialización de bebés y de explotación del cuerpo de la mujer gestante, beneficiando principalmente a intermediarios.
En contraste, Sofía Pérez Romero, directora general de Cibeles Abogados, consideró que el término “vientres de alquiler” es estigmatizante y debe sustituirse por “gestación por sustitución”.
Afirmó que este proceso requiere contratos rigurosos y transparentes que protejan a todas las partes, garanticen el consentimiento libre e informado y respeten la autonomía de la mujer gestante.
El maestro en Bioética Marco Antonio García Triñaque advirtió que antes de legislar es indispensable definir la noción de dignidad humana que subyace a esta práctica, ya que ninguna norma es neutral cuando se trata del origen de la vida. También alertó sobre el uso de un lenguaje que pueda suavizar o distorsionar el debate público.
El foro dejó en claro que la gestación subrogada en el Estado de México requiere un análisis profundo y plural. Legisladoras y especialistas coincidieron en que el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho a formar una familia y la protección efectiva de la dignidad de las mujeres y la niñez, evitando que un deseo legítimo se transforme en un contrato comercial que derive en explotación.
El debate continuará en comisiones, con la premisa de construir un marco jurídico sólido, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.