La Comisión Anticorrupción y de Transparencia del Senado de la República solicitó una investigación a fondo sobre las posibles irregularidades y adjudicaciones directas de contratos realizados para el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), ante denuncias que apuntan a un supuesto favoritismo hacia ciertas empresas, lo que podría derivar en actos de opacidad y corrupción.
Denuncias y contratos
Empresarios del sector presentaron ante el gobierno de la Ciudad de México una denuncia registrada bajo el folio SIDEC2510183DENC, en la que señalan al STE y a su director, Martín López Delgado, por favorecer a la empresa Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V. en la adjudicación de contratos y compra de refacciones.
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Según la denuncia, en 2024 se otorgó de forma directa el contrato STE-DEAF-GRMA-041-A-2024, por un monto de 100 millones de pesos, destinado a la adquisición de refacciones de trolebuses. Los denunciantes aseguran que este proceso careció de un estudio de mercado amplio, lo que generó sobrecostos de hasta cuatro veces el precio al cliente final.
No obstante, la empresa adjudicataria justificó la compra argumentando exclusividad otorgada por Yutong de México, S.A. de C.V., fabricante de los trolebuses, la cual negó haber concedido tal exclusividad, lo que alertó la transparencia del procedimiento.
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Otro de los contratos señalados, STE-DEAF-GRMA-063-A-2024, involucró la compra e instalación de tres subestaciones eléctricas que, según los denunciantes, permanecen fuera de servicio pese a que debían estar operativas desde el 31 de diciembre de 2024. Hasta ahora, no se han aplicado sanciones ni se ha informado al Órgano Interno de Control sobre estas irregularidades.
Senado advierte opacidad y corrupción
El presidente de la citada comisión, Francisco Daniel Barreda Pavón, enfatizó la necesidad de investigar estas adjudicaciones directas, subrayando que la opacidad puede derivar en corrupción, lo cual fue reiterado por el secretario de la comisión, Pablo Angulo Briseño.
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Ambos legisladores criticaron la práctica recurrente de adjudicaciones directas, argumentando que muchas veces estas operaciones favorecen a ciertas empresas y funcionarios, en detrimento del interés público, por lo que es necesario que los procesos de contratación combinen calidad y precio competitivo, evitando así que los contratos se asignen de manera discrecional.
La denuncia contra el STE resalta la importancia de mantener procesos transparentes en la administración pública, especialmente en organismos que manejan recursos significativos y servicios esenciales para la ciudad. La atención del Senado a este caso busca garantizar que se cumplan con los criterios de legalidad, equidad y eficiencia, evitando así posibles actos de corrupción que afecten a la ciudadanía.
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