Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastianito

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) abrió una carpeta de investigación por presuntas exhumaciones clandestinas realizadas por trabajadores del panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, se sospecha que servidores públicos municipales habrían removido restos humanos para revender los espacios ya ocupados, sin que hasta ahora exista denuncia formal por parte de las autoridades locales sobre la posible profanación.

El inicio de la investigación ocurrió este miércoles 20 de agosto, luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunciara públicamente irregularidades dentro del cementerio. Apenas el pasado sábado 16 de agosto, a través de sus redes sociales, las integrantes del grupo reportaron el hallazgo de lo que identificaron como una fosa clandestina en el lugar.

Autoridades bajo escrutinio por manejo de restos en panteón de San Pedro Tlaquepaque

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social confirmó que abrió la indagatoria tras recibir denuncias directas de ciudadanos que reclamaron la exhumación de restos de sus familiares sin autorización previa.

Según los testimonios, personal del panteón habría justificado la acción argumentando supuestos adeudos en el pago de cuotas de mantenimiento.

“Los usuarios señalaron que sus familiares fueron removidos sin consentimiento y sin que mediara un procedimiento legal”, indicó la Fiscalía en el comunicado.

De acuerdo con estas versiones, los restos exhumados fueron depositados en un terreno aledaño al cementerio, lo que habría permitido la reventa de los espacios funerarios.

La institución añadió que también se encuentran bajo investigación los señalamientos de funcionarios municipales sobre la presunta profanación, aunque hasta el momento no existen denuncias formales por parte de la autoridad local.

El documento precisa que personal de la Vicefiscalía está entrevistando a trabajadores de diversas áreas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el fin de deslindar responsabilidades.

“La carpeta de investigación que se inició este miércoles avanzará en paralelo a la que días atrás comenzó la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la cual sigue protocolos específicos cuando colectivos denuncian la existencia de presuntos sitios de inhumación clandestina”, destacó la institución.

Asimismo, se puntualizó que continúan los trabajos para corroborar las afirmaciones hechas por familiares de personas desaparecidas en torno a la naturaleza de los restos hallados en el camposanto.

Madres Buscadoras exigen justicia tras hallazgo de cuerpos violentados en cementerio

Horas antes de que las autoridades publicaran el comunicado oficial, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco fijó postura a través de sus redes sociales, donde recriminaron la falta de acción de las autoridades.

“El pasado 16 de agosto, en el panteón de San Sebastianito, fue localizado un punto con restos humanos con signos de violencia, amarrados, vendados, cuerpos aun con liquidó fétido”, detallaron.

Agregaron que desde el hallazgo una lona y una patrulla fueron las medidas que recibieron para resguardar el lugar. “La Fiscalía únicamente acudió a “inspeccionar” el área, pero no ha trabajado como corresponde, dejando la fosa sin procesar", puntualizó la organización civil.

En otro breve mensaje las integrantes resaltaron que han permanecido a la espera de la intervención oficial. “Aquí seguimos las madres, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la indiferencia. Porque nuestros hijos están ahí dentro, esperando ser rescatados de la fosa del olvido donde el Estado los enterró con su silencio”, señalaron en su publicación.

El pronunciamiento concluye con un mensaje dirigido a la sociedad y a las autoridades: “Que quede en la memoria del pueblo: los dejaron morir dos veces, primero en manos de los delincuentes y ahora en el abandono.”

Con ello, las madres buscadoras reiteraron su exigencia de verdad y justicia ante lo que consideran una nueva muestra de desinterés gubernamental hacia la crisis de desapariciones en Jalisco.