La funcionaria municipal del Ayuntamiento de Guadalajara Naomi Sofía Figueroa Álvarez confesó en una transmisión en vivo haber participado en el sacrificio de un perro durante un ritual de santería —religión orisha— “para quitar enemigos del camino”. “Tuve que hacer un sacrificio muy grande… le cortaron a un perro. Era para que me quitaran a mis enemigos del camino. Todos van a caer”, declaró ante decenas de espectadores, desatando indignación en redes sociales y la exigencia inmediata de sanciones.
Según documentos obtenidos por Grupo Reforma, Figueroa Álvarez figura como colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, adscrita a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Fue contratada el 18 de marzo de 2025 con un salario bruto mensual de 18 mil 400 pesos, incluyendo apoyos de despensa y transporte.
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La polémica se amplifica por el vínculo familiar de la servidora pública. Figueroa es hija de Susana Priscila Álvarez Hernández, exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), sancionada en 2019 por un viaje no autorizado y señalada en un presunto desfalco. Álvarez Hernández labora actualmente en el gobierno estatal con una percepción que supera los 50 mil pesos mensuales, reveló el mismo grupo editorial.
Exigencias y marco legal
Organizaciones como Animal Héroes y Proyecto S.O.S. demandan la separación inmediata de Figueroa y la apertura de una carpeta de investigación. El Código Penal del Estado de Jalisco castiga con seis meses a tres años de prisión y multas de 200 a 1,000 UMA a quien cause la muerte o lesiones graves a un animal. A su vez, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco prohíbe, en el artículo 17, causar la muerte sin causa justificada y, en el artículo 25 fracción XII, “usar animales para celebrar ritos o tradiciones en las que se afecte su bienestar”, sin excepciones religiosas.
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Contradicción institucional
El objetivo principal de la dependencia donde labora Figueroa es “promover la convivencia, el respeto y el bienestar social” en las comunidades tapatías. Su confesión pública de crueldad animal confronta los principios de la institución y cuestiona la coherencia del Ayuntamiento al mantenerla en el cargo.
Activistas advierten que, de no haber acciones inmediatas, presentarán denuncias ante la Fiscalía del Estado y organizarán protestas para visibilizar el caso.
El incidente subraya la urgencia de reforzar políticas de bienestar animal y mecanismos de rendición de cuentas en el servicio público, especialmente cuando prácticas personales —alegando creencias religiosas— entran en conflicto directo con la ley y el interés colectivo.
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