
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado lunes un dictamen que reforma el Código Penal local para tipificar y sancionar los llamados “pinchazos”, que son agresiones mediante las cuales se introduce, aplica o suministra una sustancia a una persona sin su consentimiento, generalmente con el fin de vulnerar su estado de conciencia. Estos ataque se han registrado en el transporte público, específicamente en el Metro o Metrobús.
Con 11 votos a favor y una abstención del diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, la comisión avaló la iniciativa que contempla penas de dos a cinco años de prisión y multas de 50 a 300 días para quien incurra en esta conducta. El dictamen especifica que el suministro podrá realizarse por cualquier vía: oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, y mediante el uso de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones o agujas.
Esta reforma contempla agravantes cuando los hechos ocurran en espacios de alta concentración de personas, como el transporte público o eventos masivos. Asimismo, la sanción aumentará si el acto tiene como finalidad facilitar delitos como abuso sexual, violación, trata, robo, privación ilegal de la libertad, homicidio o feminicidio.
Otras circunstancias que agravarán la pena incluyen el uso de sustancias psicoactivas o narcóticas, que pongan en riesgo la salud o vida de la víctima, o cuando las víctimas sean personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o si se trata de ataques múltiples en un solo acto o de manera sucesiva.

El presidente de la comisión, el legislador Alberto Martínez Urincho, destacó que el dictamen incorpora observaciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que fortaleció su contenido técnico-jurídico. Subrayó que la falta de una figura penal autónoma dificultaba la persecución de este tipo de agresiones, al no poderse encuadrar claramente como lesiones u otros delitos existentes.
“Esta situación plantea serios desafíos en materia de persecución penal. La falta de un tipo penal específico limita a las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estos hechos. En consecuencia, es indispensable contar con esta regulación que robustezca la protección jurídica de las víctimas y oriente las acciones de justicia”, explicó Martínez Urincho.
El legislador morenista añadió que esta medida responde al aumento de estos casos y busca garantizar espacios públicos seguros. “Esta reforma fortalece la respuesta del Estado frente a nuevas formas de violencia y reafirma el respeto a la autonomía corporal de las personas”, concluyó.
Cabe recordar que esta iniciativa fue enviada al Congreso local por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hace apenas 10 días. Aunque originalmente se planteó que el delito se persiguiera de oficio —es decir, sin necesidad de denuncia—, esta parte fue modificada por los legisladores, por lo que la investigación de los casos procederá únicamente cuando exista una denuncia y se abra una carpeta de investigación.
El dictamen podría ser discutido y aprobado por el pleno del Congreso capitalino en la sesión de este martes.
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