María Teresa Ealy Díaz, diputada de Morena en la Cámara de Diputados, denunció públicamente ser víctima de amenazas de muerte, las cuales atribuyó a su postura firme contra la corrupción, la impunidad y la violencia de género al interior del sistema político del país.
El 5 de mayo del 2025, la legisladora expuso en sus redes sociales un mensaje en el que reveló haber recibido amenazas que ponían en riesgo su integridad y la de su familia. El contenido del texto en cuestión se caracterizaba por mantener un lenguaje directo, violento y misógino contra la activista.
Ante la conmoción, se especuló que los agravios podrían estar relacionados con la labor de denuncia que precede a la diputada, quien no solo ha señalado actos de corrupción por parte de figuras políticas, sino que también ha destacado por su abierto rechazo a la “protección de Morena” en el caso de Cuauhtémoc Blanco.
“Las amenazas no son aisladas ni casuales”: Ealy Díaz
En la plataforma de ‘X’, la diputada dirigió un mensaje a la opinión y autoridades para exponer públicamente su demanda contra los responsables por las amenazas que recibió en sus canales oficiales.
Como parte de su declaración, señaló la existencia de amenazas explícitas y aseguró que los agresores poseen información personal sobre su familia, domicilio, vehículo y los sistemas de vigilancia que la legisladora utiliza.
En su mensaje, la morenista sostuvo que las amenazas recibidas guardan una relación directa con su labor como servidora pública, en la cual ha denunciado actos de corrupción, impunidad y violencia estructural contra las mujeres. Por tal motivo, afirmó que estas agresiones no son coincidencia o un hecho aislado: “Mi determinación de defender la verdad, la justicia y los derechos humanos no se verá afectada por intentos de intimidación”.
Teresa Ealy aprovechó la denuncia para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actuar prontitud para emitir las medidas de protección necesarias, así como indagar en los actos para dar con los responsables.
“Responsabilizo a las autoridades competentes de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi familia o a mi equipo de trabajo”, escribió.
A modo de conclusión, la legisladora convocó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el acompañamiento de organismos internacionales y que el caso no quede en la impunidad: “Que se proteja el ejercicio de la función legislativa y la libertad de expresión en México”.
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