Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este jueves el dictamen para trasladar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el Senado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no solo asumirá las funciones del INAI, sino que también será responsable de regular la Plataforma Nacional de Transparencia.
La propuesta incluye la expedición de tres nuevas leyes: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Además, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El dictamen, que fue avalado con 20 votos a favor y siete en contra, tiene como objetivo principal homologar las reglas, principios, procedimientos y mecanismos que rigen el derecho de acceso a la información pública en el país.
Como parte de esta reestructuración, se establece un nuevo órgano administrativo desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo. Este organismo tendrá la misión de garantizar el acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas.
Según los legisladores que apoyaron la iniciativa, esta medida busca simplificar la estructura administrativa y mejorar la eficiencia en la atención a las demandas ciudadanas en materia de transparencia.
Posturas encontradas entre los legisladores
Durante la discusión del dictamen, los senadores de distintos grupos parlamentarios expresaron opiniones divergentes sobre las reformas propuestas.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió la iniciativa argumentando que responde a la necesidad de simplificar los procesos administrativos y fortalecer la política de acceso a la información pública.
“Se instaurará una verdadera política de acceso a la información pública”, afirmó la senadora del PVEM.
Por otro lado, legisladores de oposición manifestaron su preocupación por las implicaciones de concentrar las funciones del INAI en una dependencia del Ejecutivo.
Rolando Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que permitir que el gobierno sea juez y parte en temas de transparencia podría afectar la imparcialidad en la revisión de las acciones gubernamentales.
“Creemos que no es sano, ni para el gobierno ni para la ciudadanía, tener en casa a quienes deban revisar lo que sucede en las dependencias gubernamentales”, puntualizó.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia un régimen autoritario con la concentración de poder en el Ejecutivo.
“El INAI era un órgano autónomo e independiente del gobierno, ahora el gobierno será juez y parte. Esto no es un paso hacia adelante y por eso votaremos en contra”, declaró.
Por su parte, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, defendió la reforma argumentando que busca eliminar duplicidades y combatir la corrupción en las instituciones.
Según Ruvalcaba, la medida responde a las exigencias de la población en materia de transparencia y permite canalizar recursos hacia otras prioridades.
“Lo que para algunos es concentración de poder, para nosotros es ser austeros y canalizar recursos a otras necesidades”, afirmó.
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