
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que en lo concerniente al huachicoleo o robo de hidrocarburos, habrá cambios constitucionales para su vigilancia y supervisión.
“Como sabemos bajó mucho el robo de combustibles en el periodo del presidente López Obrador, ahora lo que estamos haciendo son varias acciones, lo primero, es que va a haber cambios regulatorios para que haya una sola institución que le de seguimiento y trazabilidad, los que se importan”, argumentó al decir como su gobierno reforzará las tareas del robo de gasolinas.
“Queremos que una institución haga todo el seguimiento y haga la obligatoriedad de informar la trazabilidad del combustible que se informa, ya sea por PEMEX o por entidades privadas esa es una de las partes y a partir de ahí toda la vigilancia y supervisión”, dijo.
Y agregó, “-Tenemos- un modelo especial que también estamos desarrollando adicional a lo que ya existía para el robo de combustible que se pueda dar en algún ducto, son los dos esquemas de trabajo, ya prácticamente están listos, en las leyes de reforma energética que se presentaron ya viene esa parte y nos va ayudar mucho” e indicó que será la Secretaría de Energía (SENER) la institución encargada de tal petición, como parte de las leyes secundarias de la Reforma Energética que ya envió al Congreso para su aprobación.
Ejecución del plan
Cabe decir que una de las primeras acciones del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la presentación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, proyecto en el cual participaron 15 dependencias federales a fin de combatir redes creadas en las últimas décadas en las que participan empleados de la paraestatal y que le provocan al Estado pérdidas por 60 mil millones de pesos al año, unos 3 mil millones de dólares.
Tras dicho ordenamiento se cerraron las válvulas de al menos cuatro de los 13 oleoductos de PEMEX lo que provocó la interrupción del suministro de hidrocarburos a decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, cuya distribución comenzó a hacerse con cientos de camiones cisterna -pipas-, lo cual resultó insuficiente para atender la demanda.
Lo anterior generó filas kilométricas de automotores y personas en las gasolinerías para poder acceder a unos cuantos litros de combustible en los primeros días del 2019, lo que generó descontento generalizado en la sociedad pese a las justificaciones realizadas previamente.
“Tres años de robo de combustibles es el equivalente a una refinería nueva”, señaló en su momento AMLO.

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