El 4 de marzo de 2022 Denis Galicia Martínez (mujer transgénero) atacó con un cuchillo a otra mujer de la comunidad LGBTIQ+ en la colonia Ejidos de Tequisistlán, municipio de Tezoyuca. Su víctima murió a causa de las heridas y ella pasará 55 años en la cárcel en lo que se calificó como el primer caso de transfeminicidio en el Estado de México.
Esta semana, después de dos meses de proceso judicial, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México informó sobre la resolución del juez en un caso que “sienta un precedente en el país”, debido a que se trata del primer proceso juzgado en el que víctima y victimaria eran mujeres transgénero.
De acuerdo con la investigación de la FGJ, ambas mujeres iniciaron una discusión que terminó en la agresión a una de ellas. Denis Galicia fue detenida en agosto de ese mismo año en la carretera Lechería-Texcoco e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.
Ley Paola Buenrostro, un paso adelante contra el transfeminicidio
En 2016 en asesinato de Paola Buenrostro incentivó cambios al Código Penal de la Ciudad de México y otras entidades. La mujer transgénero y trabajadora sexual se subió al auto de un hombre en la colonia Tabacalera, quien minutos después la asesinó al percatarse que se trababa de una persona trans.
El caso de Paola fue tomado como bandera por su amiga, Kenya Cuevas, quien logró que el Congreso de la Ciudad de México tipificara el delito de transfeminicidio en agosto pasado, con penas que van desde los 35 hasta los 70 años de cárcel.
La CDMX se convirtió en la segunda entidad en incluir el transfeminicidio en su Código Penal -Nayarit fue el primer estado-. Para noviembre pasado, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, diputada transgénero mexiquense y presidenta de la Comisión Especial para la Defensa de Derecho de la Comunidad LGBTIQ+ presentó en el Congreso local la iniciativa para seguir los pasos de Nayarit y la CDMX.
“Habrá razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; la o el agresor haya cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro de la víctima”, es parte de la iniciativa presentada por Navarro Hernández.
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