Pleno de la Suprema Corte definirá futuro de la denuncia contra Arturo Zaldívar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá el cauce que tome la denuncia que pesa sobre el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del Poder Judicial.

Así lo dio a conocer el máximo tribunal a través de un comunicado, en el que además precisó que el procedimiento contra Zaldívar está fundamentado en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tras darse a conocer la denuncia en la cual se señala a Zaldívar de utilizar su cargo como presidente de la Corte para operar a favor de ciertos asuntos judiciales a través de la presión sobre jueces y magistrados, el señalado apuntó que no existe un marco jurídico para proceder en su contra.

Sin embargo, la Corte reviró este 17 de abril y expuso que sí es procedente, de oficio, la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, ya sea por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Corte haya atendido una denuncia con carácter anónima contra Zaldívar, con quien tuvo una relación cercana cuando éste último presidía al Poder Judicial.

Zaldívar Lelo de Larrea anunció en días pasados que impulsará un juicio político en contra de la ministra presidenta Norma Piña, y la acusó de abusar de sus atribuciones para ordenar una investigación contra él con el objetivo de dañar la imagen de la 4T y la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.

“Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la corte y del Poder Judicial nos obliga a presentar una denuncia de juicio político en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acusó Lelo de Larrea.

Sobre la denuncia en contra del ministro en retiro, el máximo tribunal recordó que a partir de la reforma publicada en 2020 (año en que Zaldívar era presidente de la Corte) se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas irregulares de algún funcionario, se podrá ordenar una investigación.

Si la queja o denuncia no se acompaña de pruebas, inicialmente, pero se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, es procedente ordenar la investigación correspondiente.

La Corte apuntó que bajo estas condiciones, desde el 2018 se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas, por lo tanto es un procedimiento que se practicó cuando Zaldívar fungía como presidente de la Corte.

La 4T salió en defensa del ex ministro y acusó a la Corte de instrumentar una persecución política contra el actual integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Ministros y jueces respaldan a Norma Piña

Luego de la amenaza de Zaldívar de solicitar un juicio político contra Norma Piña, magistrados y jueces de todo el país han mostrado su firme apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este respaldo colectivo se articula a través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), donde manifiestan su “absoluto respaldo” a la ministra presidenta, tanto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura Federal.

Según la JUFED, la iniciativa de someter a Piña a un juicio político no es más que una “campaña difamatoria” por cumplir eficazmente con su trabajo.

Critican este esfuerzo por manchar su reputación, señalando la ironía de atacar a alguien por “cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.

Dicha asociación enfatiza su rechazo hacia cualquier intento de vincular las responsabilidades de Piña con estrategias para influir de manera indebida en el ámbito electoral y, particularmente, contra una candidata específica.