Por qué el futuro de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, está en manos de la Suprema Corte

El caso del asesinato del excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha vuelto a las primeras planas de la opinión pública debido a los amparos que ha presentado el asesino confeso Mario Aburto, además de las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Y es que el alcalde de Monterrey, Nuevo León, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dar indulto al acusado de matar a quemarropa al priista en 1994 durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al argumentar que era momento de cerrar página y continuar con la vida puesto que las autoridades mexicanas no habían otorgado justicia.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos”, fueron las palabras que emitió el precandidato a un escaño en el Senado de la República.

Sin embargo, el mandatario mexicano se negó a conceder la petición del político de Movimiento Ciudadano, al argumentar que él no tiene las capacidades para esa acción jurídica ya que se trata de un asunto de Estado y prometió que se seguirá investigando el tema.

¿Cuál es el papel de la SCJN en el caso de Mario Aburto?

Pese a lo anterior, quien podría decidir el futuro del presunto protagonista del magnicidio sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que aún no ha otorgado una resolución sobre la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) tras el amparo que obtuvo Aburto Martínez a finales del año pasado.

De acuerdo a lo que se conoce, el máximo tribunal mexicano admitió a revisión el trámite que realizó la Fiscalía en contra de la resolución que emitió el Primer Tribunal Colegiado, mismo que echó abajo la sentencia de 45 años que recibió Aburto por el delito de homicidio calificado.

Este trámite está a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, mismo que deberá presentar ante el pleno un proyecto de sentencia y será responsabilidad de los 11 integrantes de la Sala Superior analizar, así como votar el futuro del asesino confeso, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco.

Conviene destacar que el acusado en múltiples ocasiones ha señalado a la FGR por presuntos actos de tortura durante todo el proceso que ha vivido por casi 30 años, especialmente durante los interrogatorios, razón por la que ha impugnado su caso.

Aunado a lo anterior, el pasado lunes 29 de enero a Fiscalía General de la República revivió la teoría de un segundo tirador, el cual es identificado como Jorge Antonio “S” y presuntamente se desempeñaba como agente del Centro de Investigación y Seguridada Nacional (Cisen), además de que tenía a su cargo cuidar al entonces candidato a la presidencia.

Sin embargo, éste habría sido encubierto por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, quien en esos años era subdirector Operativo del Cisen y habría viajado al norte del país para darle una mano al exagente.

“(Información) que implica a Jorge Antonio ‘S’, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro ‘G’, quien era subdirector Operativo del propio CISEN y fue quien lo rescató”, se puede leer en el comunicado.