En marzo de 2022, Anhelé, se atrevió a denunciar públicamente en redes sociales al reconocido cantante Edgar Oceransky por presunto grooming y violación, desencadenando un proceso legal que ahora se torna en su contra.
La víctima, que prefirió exponer su experiencia en plataformas digitales, ahora se enfrenta a una demanda por parte del trovador que busca una compensación de 4 millones de pesos por daño moral y difamación.
El caso tomó relevancia cuando Anhelé reveló a través de Twitter los detalles del grooming y la violación de grado pedofilia que había sufrido a manos del trovador, lo que resultó en la cancelación de algunos de sus compromisos laborales. Dos meses después, el propio cantante anunció su intención de demandar a Anhelé, argumentando que la denuncia en redes no fue respaldada por acciones legales formales.
Sin embargo, la situación dio un giro más sorprendente cuando se reveló que Edgar Oceransky presentó una demanda solicitando no solo la compensación económica, sino también una disculpa pública por la supuesta “campaña de desprestigio”.
Esto sabemos de la demanda de Edgar Oceransky a Anhelé
La víctima se enfrenta a la difícil decisión de retractarse de sus acusaciones y emitir una disculpa, lo que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consideran un posible retroceso en la lucha contra la violencia de género.
En un comunicado respaldado por diversas instituciones, como Acciones por la Dignidad, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro por la Justicia e Igualdad (CEJUDI), Anhelé y sus defensores señalan que presentaron pruebas que fueron desestimadas debido a problemas técnicos con los archivos de audio.
Estas organizaciones también denuncian el proceso judicial que la víctima ha enfrentado como “desgastante y revictimizante”. Han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que garantice los derechos de libertad de expresión, protesta digital y una vida libre de violencia.
En un comunicado adicional, Anhelé expresó que, en caso de ser declarada culpable, se vería obligada a retractarse de un abuso que vivió, lo cual considera un grave retroceso en términos de libertad de expresión para las mujeres que enfrentan situaciones similares.
La situación ha despertado la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes ven en este caso la posibilidad de sentar precedentes que legitimen agresiones contra víctimas de violencia de género.
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