El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la adquisición de nueve hospitales públicos que actualmente operan bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APP) o como proyectos de prestación de servicios (PPS). Su motivo principal es la preocupación por los altos costos que estos hospitales generan para el gobierno federal.
El presidente expresó su intención de abordar esta situación de manera constructiva:
Entre los hospitales en la mira del Gobierno federal se encuentran tres concesionados al consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Infraestructura & Healthcare y Prodemex, incluyendo el General de Tapachula, el General de Bahía de Banderas y el General de Villahermosa.
Otros hospitales considerados por la propuesta incluyen la Clínica Hospital de Mérida, operada por Constructora y Edificadora GIA+A; el Hospital General de Nayarit, gestionado por el consorcio Construcciones y Proyectos, Invex Grupo Infraestructura, Invex Infraestructura Salud, Corporativo de Hospitales e Invex; el hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, concesionado a Acciona; y el General Tláhuac en la Ciudad de México, bajo los derechos del consorcio Sacyr Concesiones, Sacyr Concesiones México y Prestadora de Servicios Alencastre.
Dos hospitales más en la lista son el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, operado por Infraestructura Hospitalaria del Noroeste y Marhnos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, en manos de Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria.
Desacuerdo en los contratos
El presidente Andrés Manuel expresó su descontento con los contratos actuales, que requieren pagos anuales de cinco mil 651 millones de pesos al gobierno federal, con una duración de 25 años. Calculó que, en total, se deben pagar 93 mil millones de pesos a las empresas concesionarias, lo que consideró “injusto e inmoral”.
El Gobierno federal estima que el avalúo de los nueve hospitales asciende a cinco mil 741 millones de pesos, una cifra cercana a los pagos anuales a las empresas.
Por un lado, algunos argumentan que el Gobierno debería buscar una renegociación de los contratos en lugar de realizar adquisiciones costosas. Por otro lado, se plantea la preocupación de que la adquisición de hospitales públicos podría tener un impacto en la inversión privada y en la dinámica de las asociaciones público-privadas en el país.
¿Cuánto cuesta el sector privado y público?
Es importante mencionar que en México, el costo de los servicios médicos varía significativamente entre el sector público y el privado. Mientras que el sector público puede proporcionar servicios médicos a costos más bajos o incluso gratuitos para ciertos grupos de población, el sector privado suele tener tarifas más altas.
En el sector público, una consulta de medicina familiar puede costar alrededor de $831 MXN, mientras que una consulta de especialidades puede oscilar entre $1,463 MXN en unidades de segundo nivel y $2,309 MXN en unidades de tercer nivel. La atención de urgencia, por su parte, puede tener un costo de entre $671 MXN en unidades de primer nivel y $1,365 MXN en unidades de segundo nivel.
En contraste, en el sector privado, los costos suelen ser sustancialmente más elevados. Por ejemplo, un procedimiento de parto y puerperio fisiológico puede costar alrededor de $25,000 MXN en un hospital privado. A pesar de los mayores costos, muchas personas con seguridad social pública prefieren recibir atención médica en instituciones privadas debido a la rapidez y calidad de los servicios.
Es importante destacar que estos costos pueden variar en función de factores como la ubicación geográfica, el tipo de servicio requerido y la institución médica específica.
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