La Sala de lo Constitucional de Honduras admitió a trámite un recurso de amparo contra actuaciones del exfiscal general Johel Zelaya, por la supuesta omisión del Ministerio Público de investigar hechos vinculados con decisiones legislativas atribuidas a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional.
Como parte del procedimiento, la Sala solicitó al ente acusador que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente correspondiente a la denuncia y la documentación relacionada, con el propósito de examinar los antecedentes y continuar con el trámite judicial.
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El recurso fue presentado por el abogado Leonel Humberto Núñez, quien cuestiona que el Ministerio Público no haya iniciado investigaciones ni ejercido la acción penal pública frente a hechos que considera contrarios al orden constitucional.
La denuncia se refiere a la promoción, aprobación y sanción de un decreto legislativo que ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio general de todas las urnas después de haberse emitido la declaratoria oficial de elecciones. Según el recurrente, esa disposición habría invadido competencias exclusivas del organismo electoral.
La admisión del recurso no supone una resolución definitiva sobre los hechos denunciados ni determina responsabilidad legal de Zelaya.
Tras conocerse el proceso judicial, el exfiscal general Johel Zelaya pidió que se hagan públicas las investigaciones en su contra y reclamó que se esclarezca el expediente 52 UFECIC, 002-2017, relacionado con una indagación por presunto lavado de activos.
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En un pronunciamiento dirigido al pueblo hondureño, el exfuncionario aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento legal y rechazó la posibilidad de recibir privilegios o inmunidad.
“¡Si deciden proceder, aquí estoy! No me esconderé. Defenderé mis derechos con firmeza, serenidad y la frente en alto”, expresó Zelaya.
El exfiscal sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse con transparencia, objetividad y apego a la ley. También pidió que los expedientes relacionados con su gestión sean esclarecidos y que no se apliquen criterios diferenciados por razones políticas.
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Su pronunciamiento incluyó un reclamo específico sobre las actuaciones de la antigua Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), cuyo expediente, según afirmó, debe concluirse conforme a derecho.
Zelaya hizo referencia al expediente 52 UFECIC, 002-2017, en el que, según su versión, se investigaban presuntos vínculos de una diputada suplente con personas señaladas en indagaciones por narcotráfico, lavado de activos y asesinatos múltiples.
Las afirmaciones corresponden a lo expuesto por el exfiscal en su publicación y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
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El exfuncionario aseguró que su salida del Ministerio Público coincidió con una etapa de avances importantes en ese expediente. Por ello, pidió que las diligencias no queden inconclusas y que se conozcan los resultados de las investigaciones.
Su exigencia se centra en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen, con base en las pruebas, las responsabilidades que pudieran corresponder.
En el proceso de amparo, la Sala de lo Constitucional requirió al Ministerio Público que remita el expediente de la denuncia y sus documentos relacionados dentro del plazo de 24 horas.
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La documentación permitirá a los magistrados examinar los antecedentes de la acción presentada por Núñez y dar continuidad al procedimiento.
El abogado argumenta que el ente acusador habría incurrido en una omisión ilegal, arbitraria e inconstitucional al no actuar frente a los hechos que atribuye a las decisiones de Luis Redondo sobre el escrutinio electoral.
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