Un informe del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras expuso irregularidades en procedimientos judiciales que afectaron 32.545.791,88 lempiras (1.2 millones de dólares).
La investigación determinó que 13 exhortos judiciales, atribuidos a un juzgado de Choluteca, fueron usados para ejecutar embargos vinculados con supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca.
El propio juzgado que aparecía como emisor negó haber elaborado esos documentos. El hallazgo está contenido en el Informe Especial No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, elaborado por el TSC tras revisar actuaciones relacionadas con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) correspondientes a los años 2024 y 2025.
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La investigación comenzó a revelar inconsistencias cuando el TSC verificó los exhortos con el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, tribunal al que se atribuía su emisión.
La respuesta fue contundente: el juzgado desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que aparecían en ellos. La revisión de los números de expediente también encontró anomalías.
Algunos correspondían a procesos judiciales que realmente existían, pero contra empresas privadas, no contra la Municipalidad de Choluteca. Otro número sí correspondía a un proceso real relacionado con la municipalidad, pero presentaba modificaciones en las partes involucradas y en el monto reclamado.
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En otros casos, los números de expediente ni siquiera aparecían en los registros físicos o sistemas electrónicos del juzgado. A partir de esas verificaciones, el órgano judicial calificó los documentos examinados como “totalmente falsos”, según consta en la investigación.
Estado estafado
El análisis del TSC permitió establecer que, de los 13 expedientes presentados como demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca, solo uno correspondía a una demanda contra esa municipalidad. El resto presentaba diferentes tipos de inconsistencias.
Esa diferencia es clave porque los exhortos fueron utilizados ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en Tegucigalpa, para solicitar y ejecutar actuaciones relacionadas con los embargos.
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Es decir, documentos que supuestamente provenían de un tribunal de Choluteca terminaron produciendo efectos judiciales en otra jurisdicción.
Qué es un exhorto
Un exhorto es una comunicación oficial mediante la cual un juez solicita a otro juez de una jurisdicción diferente que realice una actuación judicial en su nombre.
Por ejemplo, si un tribunal necesita ejecutar una diligencia en otra ciudad, puede solicitar formalmente la colaboración del juzgado correspondiente. En el caso investigado, los documentos supuestamente enviados desde Choluteca fueron utilizados para respaldar actuaciones en Tegucigalpa.
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La investigación del TSC encontró que no existía prueba suficiente de que esos exhortos hubieran sido confirmados con el tribunal que supuestamente los había emitido.
Según el informe, los exhortos fueron presentados por el abogado que figuraba como representante legal de la supuesta parte demandante o por personas relacionadas con él.
El TSC señaló que no encontró prueba de una comprobación documental, electrónica, institucional o telefónica con el juzgado de Choluteca antes de que las actuaciones avanzaran.
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Los documentos terminaron siendo utilizados para ejecutar embargos contra fondos públicos pese a que el tribunal que aparecía como su origen negó haberlos emitido.
El TSC calculó en 32.545.791,88 lempiras el perjuicio económico derivado de los 13 expedientes investigados. Los recursos afectados pertenecían a la Cuenta Única del Estado, mecanismo mediante el cual el Gobierno central administra sus recursos financieros.
Quiénes aparecen vinculados
La investigación también identificó a diferentes personas relacionadas con las distintas etapas del procedimiento. El informe menciona la participación de personas naturales, abogados, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos.
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El TSC sostiene que algunas de las actuaciones encontradas podrían constituir irregularidades y que existen elementos indicativos de responsabilidad penal. Esto no significa que las personas mencionadas hayan sido condenadas por un delito.
La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones y procesos correspondientes.
Más allá del monto involucrado, el informe del TSC expone una vulnerabilidad en los mecanismos de verificación de documentos judiciales.
La investigación concluyó que los 13 expedientes generaron un perjuicio económico de más de 32.5 millones de lempiras y estableció indicios de posible responsabilidad penal.
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