La violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en Honduras continúa agravándose, según advirtió el director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez.
Durante una comparecencia pública, Vásquez informó que entre enero y julio de 2026 se contabilizan 363 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, un aumento del 12% en comparación con el mismo período de 2025, equivalente a 42 víctimas más.
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El representante de COIPRODEN explicó que, además de los homicidios, este año también se registran 142 adolescentes y jóvenes fallecidos en accidentes de tránsito, lo que eleva a 505 el número de muertes en este grupo poblacional durante los primeros siete meses del año.
Concentración de casos
De acuerdo con la organización, los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán continúan concentrando la mayor incidencia de violencia letal contra adolescentes y jóvenes.
Vásquez señaló que la violencia no se limita a los homicidios y expresó su preocupación por el aumento de los casos de abuso contra menores de edad. Advirtió que a diario entre uno y dos niños son víctimas de este tipo de delitos.
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Vásquez aseguró que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del problema, debido al subregistro de casos y al temor que enfrentan muchas víctimas y sus familias para denunciar.
“Estamos frente a una bomba que está explotando y que lamentablemente la vemos cuando ocurre lejos, pero puede llegar a nuestras propias casas”, manifestó. Insistió en que la prevención debe convertirse en una prioridad nacional.
Reclamos por políticas públicas
A juicio del director de Coiproden, Honduras no enfrenta una crisis por ausencia de leyes, sino por la falta de aplicación efectiva de las normas existentes y la escasa continuidad de las políticas públicas dirigidas a proteger a la niñez y la adolescencia.
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Vásquez cuestionó que, pese a los años de discusión en el Congreso Nacional sobre iniciativas relacionadas con la protección de los menores de edad, aún no se logran implementar políticas integrales capaces de responder a la realidad que enfrentan miles de niños y adolescentes en el país.
El representante de Coiproden también defendió la necesidad de incorporar la educación sexual integral como una herramienta preventiva frente a distintas formas de violencia y abuso, al considerar que evitar el debate sobre estos temas no elimina los riesgos que enfrentan niños y adolescentes.
Denunció además que los casos de abuso sexual contra menores pueden ocurrir en cualquier espacio de la sociedad, incluidas instituciones religiosas, por lo que pidió que todas las denuncias sean investigadas con el mismo rigor, sin importar quiénes sean los señalados.
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Para la organización, revertir esta tendencia requiere fortalecer las políticas de prevención, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y asegurar que las instituciones encargadas de proteger a este sector actúen de manera coordinada y permanente.
De no adoptarse medidas efectivas, advirtió Vásquez, las cifras de homicidios, abusos y muertes por accidentes de tránsito seguirán reflejando la vulnerabilidad que enfrentan miles de niños, adolescentes y jóvenes en el país a largo, corto y mediano plazo.
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