Organizaciones campesinas e integrantes de la Plataforma Agraria protestaron este martes frente al Congreso Nacional para exigir la derogación de la Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, una normativa que ya entró en vigor y que ha comenzado a aplicarse en varias regiones del país.
Los manifestantes denunciaron que la legislación beneficia a los grandes productores y agroindustriales, mientras que, según su criterio, perjudica a las comunidades campesinas y a las familias que mantienen conflictos por la tenencia de la tierra.
“Sabemos que lo que están haciendo es blindar a los agroindustriales y al pueblo lo están despojando, es decir, nos están menospreciando”, expresó uno de los representantes de la Plataforma Agraria durante la protesta.
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Los dirigentes señalaron que buscan sostener una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el objetivo de exponer sus preocupaciones y solicitar la revisión de la normativa.
No obstante, algunos dirigentes manifestaron dudas sobre la posibilidad de establecer un diálogo inmediato con las autoridades legislativas.
<b>Advierten nuevas protestas</b>
Los representantes campesinos advirtieron que, si la ley no es derogada, podrían desarrollarse nuevas movilizaciones en distintas regiones del país.
Incluso, algunas organizaciones señalaron la posibilidad de impulsar acciones de protesta indefinidas.
“Si esta ley no se deroga en el futuro próximo, la alianza campesina-indígena hará tomas indefinidas a nivel nacional”, advirtió uno de los manifestantes.
Las organizaciones sostienen que el Congreso debe aprobar leyes que beneficien a la población y atiendan los problemas históricos relacionados con la distribución y acceso a la tierra.
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<b>Primeros desalojos en Choluteca</b>
La protesta ocurre mientras las autoridades comenzaron a ejecutar las primeras acciones contempladas en la nueva legislación.
Uno de los primeros operativos se desarrolló en zonas cañeras del departamento de Choluteca, donde se realizaron desalojos tras denuncias relacionadas con ocupaciones de tierras.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, señaló que las instituciones están obligadas a cumplir lo establecido por la ley.
“Tenemos que hacer lo que corresponde a cada quien porque el mismo decreto establece las sanciones para quienes no cumplan”, indicó.
<b>¿Qué establece la ley?</b>
La Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a la agroindustria, la ganadería, los proyectos energéticos, turísticos y la infraestructura considerada estratégica.
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La normativa también contempla mecanismos para proteger la producción agrícola y garantizar el libre tránsito de productos perecederos.
Además, faculta a las autoridades a ejecutar desalojos cuando existan denuncias relacionadas con ocupaciones de propiedades protegidas por la legislación.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan reducir las pérdidas económicas ocasionadas por invasiones de tierras y bloqueos que afectan las actividades productivas.
<b>Preocupación por posibles conflictos</b>
Desde diversos sectores sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos han surgido cuestionamientos sobre la aplicación de la ley.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) advirtió que la normativa podría incrementar la conflictividad agraria en algunas regiones del país.
Su director, Gustavo Irías, señaló que existen preocupaciones especialmente en zonas donde históricamente han ocurrido disputas por la tierra.
El experto mencionó el caso del Bajo Aguán, una de las regiones con mayores conflictos agrarios en Honduras.
<b>Funcionarios también podrían ser sancionados</b>
El decreto establece que los funcionarios públicos que retrasen, omitan o se nieguen a aplicar las disposiciones de la ley podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
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Mientras el Gobierno defiende la normativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y proteger la producción nacional, organizaciones campesinas continúan exigiendo su derogación y advierten sobre posibles protestas si sus demandas no son atendidas.