El Ejército de Guatemala y la PNC desplegaron 700 efectivos desde el jueves 15 de octubre en Tajumulco e Ixchiguán, municipios de San Marcos ubicados en la frontera con México, para recuperar el control territorial ante la presión de estructuras del crimen organizado que buscan el retiro de posiciones militares estratégicas.
La operación podría extenderse entre 15 y 20 días, según evolucione el conflicto armado que afectó a comunidades de ambos municipios. El despliegue se produjo después de ataques con armas de fuego que interrumpieron la actividad escolar y dejaron a un soldado muerto, de acuerdo con información oficial.
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Más de 400 militares y cerca de 300 agentes ingresaron a la zona pasado el mediodía del 15 de octubre. El subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Esvin Jacinto Quiché, explicó que el contingente instaló puestos de control, realiza patrullajes a pie y motorizados y cuenta con equipos de investigación criminal. Según reporte de medios locales.
Las pesquisas buscan determinar si organizaciones delictivas guatemaltecas o mexicanas participaron en los ataques contra pobladores y fuerzas de seguridad. También apuntan a identificar a quienes emplean fusiles de alto poder y rifles con miras de precisión para disparar desde posiciones distantes contra comunidades rivales y personal militar.
Los ataques armados y la muerte de un soldado
La violencia obligó el 13 de octubre a suspender las clases presenciales en establecimientos situados en el cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda, ambos en la aldea Tuichán. Videos registrados durante los enfrentamientos mostraron a niños y niñas resguardados bajo sus pupitres mientras se oían ráfagas de disparos en las cercanías.
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El Ministerio de Educación dispuso que las escuelas afectadas continuaran con clases a distancia mediante guías de trabajo y el acompañamiento de supervisores educativos, docentes y familias. La Dirección Departamental de Educación de San Marcos mantiene el seguimiento junto con autoridades locales hasta que existan condiciones para el retorno a las aulas.
La escalada había cobrado una víctima mortal cinco días antes. El soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador recibió un disparo en la cabeza el 8 de octubre mientras resguardaba una posición militar en la elevación conocida como “tres mil”, en el municipio de El Tumbador.
De acuerdo con reportes de medios de comunicación en Guatemala, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, atribuyó el ataque a un francotirador que disparó desde una ubicación lejana. El Ministerio Público inició diligencias para establecer de dónde procedió el tiro y quiénes fueron los responsables.
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El Ministerio de la Defensa sostiene que grupos criminales pretenden que sea retirado un búnker construido junto con el Ministerio de Gobernación en un punto limítrofe entre Guatemala y México. Informes de inteligencia militar vinculan esas presiones con organizaciones relacionadas con el Cartel de Sinaloa, que buscan la salida de los soldados destinados en Tajumulco e Ixchiguán.
Una disputa territorial abierta desde 1933
El conflicto entre ambos municipios comenzó en 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a la categoría de municipio sin una delimitación precisa de sus fronteras con Tajumulco. La falta de una resolución oficial derivó durante décadas en desplazamientos de familias y enfrentamientos esporádicos por tierras y nacimientos de agua.
La fertilidad de los terrenos, aptos para el cultivo de amapola y marihuana, y la proximidad con México transformaron la zona en una ruta para el trasiego de drogas. La disputa histórica entre las comunidades se entrelazó así con los intereses de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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El enfrentamiento del 13 de octubre ocurrió cuando pobladores de la aldea Villa Real, en Tajumulco, intentaban destruir búnkeres situados en la aldea Tuichán, en Ixchiguán, de acuerdo con la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. El organismo señaló que el crimen organizado habría aprovechado la disputa para reclutar habitantes destinados al microtráfico de drogas entre ambos países.
La comisión advirtió que los choques armados funcionan como “un distractor” para las operaciones de narcotráfico en la frontera. También consideró agotadas las posibilidades de diálogo directo entre las comunidades y propuso trasladar el caso al Consejo Nacional de Seguridad.
La propuesta contempla la participación del Organismo Judicial para gestionar allanamientos y evaluar una eventual declaratoria de Estado de Sitio. La Gobernación Departamental de San Marcos indicó que la presencia conjunta de militares y policías busca “garantizar el orden y la tranquilidad de las familias marquenses” y generar condiciones para retomar el diálogo y la gobernabilidad.
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Sáenz afirmó que las operaciones militares afectaron el traslado de estupefacientes en la región, aunque reconoció que aún no han debilitado de manera sustancial a las estructuras criminales. “Reconfiguración no ha habido, lo que ha habido es diferentes niveles de permanencia u operación en el territorio”, sostuvo.
El ministro señaló que el Gobierno buscará actuar de forma más directa contra esos grupos, además de impedir el traslado de droga hacia territorio mexicano. El Ministerio de la Defensa informó en la red social X que mantiene patrullajes y puestos de control conjuntos con la PNC en San Marcos para reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales.
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