La Procuraduría General de la Nación (PGN) suscribió un convenio con seis instituciones estatales para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes con derechos humanos amenazados o vulnerados, incluidos quienes se encuentran en contexto de movilidad humana. El acuerdo prevé una atención inmediata, integral y diferenciada según las necesidades de cada caso.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social participaron en la firma. Cada organismo intervendrá de acuerdo con sus atribuciones en materia de protección, salud, educación, seguridad, programas sociales, formación y empleo.
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Durante 2026, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia atendió a más de 49 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país. De acuerdo con la PGN, el nuevo mecanismo busca unir las capacidades de las entidades estatales ante situaciones que afectan a esa población y requieren respuestas de distintas áreas de la administración pública.
Una mesa técnica con reuniones trimestrales
El convenio fija compromisos específicos para las instituciones firmantes y establece mecanismos de seguimiento sobre las acciones que se implementen. La coordinación estará a cargo de una mesa técnica integrada por enlaces de cada entidad, que celebrará reuniones cada tres meses para evaluar las medidas adoptadas y supervisar la ejecución del acuerdo.
La mesa permitirá revisar la atención brindada en los distintos casos y ordenar la intervención de los organismos involucrados. El esquema contempla que las entidades compartan responsabilidades sin sustituir las competencias propias de cada una.
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La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia participará dentro de un sistema que también incluye a los ministerios responsables de desarrollo social, salud, educación, gobernación y trabajo. La PGN mantendrá su función de protección de la niñez y la adolescencia en un modelo de respuesta articulada.
El acuerdo parte de que las vulneraciones de derechos pueden estar vinculadas con factores de distinta naturaleza. Entre ellos figuran las condiciones socioeconómicas de las familias, las necesidades de atención sanitaria, la continuidad educativa, la seguridad, la protección frente a riesgos y las circunstancias de movilidad humana.
Acceso a servicios y apoyo para las familias
La coordinación interinstitucional apunta a facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios que correspondan en cada situación. La atención podrá involucrar asistencia médica, acompañamiento educativo, medidas de protección, intervenciones de seguridad y programas sociales, según la necesidad identificada.
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El Ministerio de Desarrollo Social y las demás instituciones incorporadas al convenio deberán aportar sus recursos dentro de sus respectivos ámbitos. La finalidad es que la respuesta estatal no se limite a una sola dependencia cuando el caso requiera medidas complementarias.
El mecanismo también contempla oportunidades de formación y empleo para las familias. Esa dimensión se incorpora como parte de la atención a los entornos en los que viven niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados.
La participación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social permitirá incluir alternativas de capacitación y empleo en los casos que lo requieran. La intervención se desarrollará conforme a las competencias institucionales y a las necesidades que se determinen durante el seguimiento.
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La PGN considera que la firma fortalece la protección integral de la niñez y la adolescencia porque formaliza una estructura de coordinación y seguimiento entre organismos estatales. Las acciones deberán ser evaluadas periódicamente por los enlaces designados en la mesa técnica.
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