El Ministerio de Finanzas Públicas, Minfin de Guatemala presentó la Guía para la Clasificación del Gasto Público Ambiental Municipal, una herramienta destinada a que las 340 municipalidades registren e informen con criterios uniformes sus inversiones ambientales, desde la planificación presupuestaria hasta la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos.
El instrumento fue aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 88-2026, firmado el 22 de enero, y se integra a la Estrategia Fiscal Ambiental que el Ministerio de Finanzas Públicas impulsa desde 2018. Su objetivo es identificar qué programas, proyectos y actividades reúnen las condiciones técnicas para ser considerados inversión ambiental.
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La aplicación del sistema permitiría establecer el monto exacto que cada gobierno local dirige a la protección, conservación y gestión ambiental de su territorio. También busca precisar el destino de esos recursos dentro de los presupuestos municipales.
Un registro común para las 340 municipalidades
La guía se origina en la Estrategia Fiscal Ambiental, creada a partir del Acuerdo Ministerial 442-2018 para orientar el gasto público hacia metas de desarrollo sostenible, adaptación y mitigación del cambio climático y protección de los recursos naturales.
El acuerdo que respalda la nueva herramienta la define como “un instrumento técnico e informativo que servirá como una herramienta orientadora para los gobiernos locales en la gestión financiera municipal y la transparencia del gasto”.
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A partir de ese antecedente, el Ministerio de Finanzas Públicas actualizó y adoptó el contenido para capacitar a los gobiernos municipales. El proceso produjo tres materiales: la guía revisada, una guía práctica para la formación y un documento con los procedimientos de capacitación para el personal local.
La experiencia de diez municipios piloto sirvió como base para extender el modelo al resto del país. La implementación quedó institucionalizada a través de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, según explicó Jorge Guillermo Escobar, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Minfin.
Categorías presupuestarias para ambiente y cambio climático
La herramienta no crea partidas presupuestarias nuevas, sino que ordena el uso de clasificadores ya disponibles en el Sistema Integrado de Administración Financiera para gobiernos locales. El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público ya incluía la finalidad 06, Protección Ambiental.
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Esa finalidad abarca seis funciones: ordenación de desechos, ordenamiento de aguas residuales, reducción de la contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje, investigación y desarrollo vinculados con la protección ambiental, y gastos ambientales que no encajan en otra categoría.
A esta estructura se incorporan los clasificadores temáticos 09, destinado a la reducción de riesgos, y 10, referido a la mitigación y adaptación al cambio climático. La metodología busca que las municipalidades incorporen estos criterios desde la formulación de sus proyectos y presupuestos.
El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Castellanos, sostuvo que el uso adecuado de los clasificadores permitirá determinar con más precisión qué recursos municipales se asignan a acciones climáticas y de protección ambiental. “La participación de las municipalidades es de suma importancia para los esfuerzos de país en los temas de fiscalidad ambiental”, afirmó.
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Castellanos señaló que el proceso contó durante varios años con acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que avanzó hacia la implementación mediante capacitaciones. También indicó que la información sobre el gasto ambiental permitirá conocer el destino de los recursos públicos y mostrar ante la comunidad internacional los esfuerzos financiados con fondos nacionales.
La capacitación como eje de la implementación local
La Estrategia Fiscal Ambiental contempla cinco ejes de trabajo: calidad del gasto y compra pública, asistencia financiera municipal, modelos fiscales ambientales, contingencias y riesgos ambientales, y acceso a financiamiento verde y climático. La guía se vincula con la mejora de la inversión pública ambiental y con la asistencia financiera a los gobiernos locales.
Escobar la definió como “ante todo un instrumento técnico y formativo para los gobiernos locales”. El funcionario añadió que su elaboración contó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el PNUD, PAGE y BIOFIN.
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Elvis Giovanni Corado Chávez, director de Inversión Pública Ambiental de Segeplan, afirmó que el trabajo desarrollado durante varios años permitirá mejorar la inversión pública. También remarcó que las municipalidades deben incorporar estas inversiones desde la etapa de planificación para contribuir a garantizar la vida útil de los proyectos.
Carlos Benítez Verdún, representante residente del PNUD, destacó que la clasificación presupuestaria debe convertirse en una herramienta para la política pública municipal.
“La idea no es solamente entender cómo se hace la clasificación; la idea es generar política pública y que los temas de protección ambiental sean una parte integral de la agenda de desarrollo municipal”, expresó.
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Marcial Díaz, de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, señaló que el instrumento ayudará a los municipios a reconocer los renglones asociados al gasto ambiental e incluirlos correctamente en sus próximos presupuestos.
El plan del Minfin prevé integrar la guía a los sistemas nacionales de contabilidad y planificación para ampliar su uso en todo el país.
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