El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró este miércoles la decisión del Juzgado Tercero Penal de otorgar medidas sustitutivas a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, una resolución que les permitirá salir de la prisión preventiva tras casi 16 meses detenidos por su papel en las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales que llevaron al mandatario al poder.
Arévalo sostuvo en redes sociales que Pacheco y Chaclán “nunca debieron ser criminalizados” y afirmó que ambos “defendieron legítimamente la voluntad popular”. El mandatario también recordó que Pacheco integró su gabinete como viceministro y definió la resolución como “una buena noticia para Guatemala”.
El juez Mynor Moto revocó la prisión preventiva al considerar que no existe peligro de fuga ni riesgo de obstaculización, y señaló además que los dos procesados ya habían excedido el plazo legal de detención. Durante la audiencia, sostuvo: “La prisión preventiva debe ser excepcional y la regla general es que el acusado enfrente el proceso en libertad”.
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La decisión judicial incluyó condiciones estrictas: arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, registro biométrico mensual, prohibición de comunicarse con testigos y una caución de Q160 mil para cada uno, equivalente a unos 20.600 dólares. Una vez cubierto ese monto, ambos deberán firmar el acta de compromiso y esperar una nueva citación.
La resolución mantuvo el proceso abierto y aplazó la audiencia clave hasta el 22 de septiembre
La medida no cerró el caso. Moto concedió al Ministerio Público un mes adicional de investigación tras la incorporación del delito de asociación ilícita, ordenada por la Sala Cuarta Penal, y reprogramó la audiencia de etapa intermedia del 19 de agosto al 22 de septiembre.
Pacheco y Chaclán siguen procesados por tres delitos: asociación ilícita, obstrucción a la justicia y terrorismo. Las acusaciones están vinculadas con las manifestaciones de octubre y noviembre de 2023, cuando pueblos indígenas encabezaron bloqueos masivos para exigir el respeto a los resultados electorales y la renuncia de Consuelo Porras al frente del MP.
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La resolución también tiene un efecto directo sobre la situación administrativa de Pacheco. La prohibición de ejercer cargos públicos le impide retomar su puesto como viceministro de Energía y Minas, del que quedó suspendido desde su captura en abril de 2025.
El Gobierno vinculó el caso con la criminalización de quienes defendieron la democracia
La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García Ruano, dijo en la rueda de prensa conocida como la “ronda GT” que el Ejecutivo recibió la resolución con satisfacción. Según la funcionaria, Arévalo “manifestó su alegría, su satisfacción por una buena noticia del día de ayer”.
García Ruano también reiteró la posición del Gobierno sobre el expediente. Sostuvo que se trata de uno de los casos en que “la justicia ha sido mal utilizada para fines de criminalización de personas cuyo único objetivo ha sido defender la democracia”.
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En esa misma comparecencia, la funcionaria explicó la ausencia del presidente y dijo que no asistió de forma presencial por una infección intestinal ya tratada. Añadió que se espera su regreso al Palacio Nacional el próximo lunes.
Durante la audiencia, el fiscal no se opuso a la revisión de la medida de coerción, a diferencia de lo ocurrido en sesiones anteriores. El representante del MP indicó que, por el tiempo transcurrido en prisión, los procesados podían resolver su situación legal fuera de la cárcel.
Amnistía Internacional celebró la decisión y recordó que había designado a ambos como presos de conciencia. Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, declaró: “Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad”.
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