Guatemala rechazó este 22 de julio de 2026 las declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua y advirtió que esa decisión niega la alternancia en el poder, restringe los derechos políticos y profundiza el deterioro democrático en un país gobernado por el mandatario desde 2007.
El pronunciamiento fue difundido en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco. Allí, el Gobierno sostuvo que la supresión de los procesos electorales elimina cualquier posibilidad de relevo en el poder y debilita el Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político.
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El Gobierno de Guatemala fijó su posición en un comunicado de la Cancillería, después de que Daniel Ortega Saavedra afirmara en los últimos días que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.
Para las autoridades guatemaltecas, esa postura implica una negación directa de la alternancia en el poder y del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
Guatemala afirmó que la suspensión de elecciones viola compromisos internacionales
De acuerdo con el comunicado, las declaraciones de Ortega contradicen instrumentos internacionales asumidos por Nicaragua: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Esos marcos establecen el derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, libres y justas, bajo sufragio universal y secreto.
La Cancillería guatemalteca resumió su objeción en una frase textual: “La supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político”.
La respuesta de Guatemala se inscribe en una preocupación más amplia por el retroceso democrático en Nicaragua. El documento remarca que el anuncio del presidente nicaragüense no solo afecta la competencia electoral, sino también el funcionamiento básico de una sociedad democrática.
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Ortega gobierna desde 2007 y las elecciones de 2021 ya habían sido cuestionadas
Daniel Ortega ocupa la presidencia de Nicaragua desde 2007. En ese período, el texto fuente describe la consolidación de un poder centralizado, con control sobre instituciones estatales, el sistema judicial y los órganos electorales.
Las elecciones generales de noviembre de 2021 ya habían recibido críticas internacionales, porque varios opositores fueron detenidos o inhabilitados y observadores extranjeros denunciaron irregularidades. Desde esos comicios, el margen de acción de la oposición se redujo de forma drástica y organizaciones de derechos humanos reportaron restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
Organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas manifestaron en los últimos años su preocupación por el deterioro de la democracia y de los derechos fundamentales en el país. El reciente anuncio de Ortega, según el comunicado guatemalteco, refuerza ese patrón al suprimir de manera explícita la celebración de elecciones periódicas y libres.
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La posición oficial de Guatemala coincide con reclamos de otros gobiernos y organismos que condenan los intentos de permanencia indefinida en el poder, así como los obstáculos a la participación política. El texto añade que la crisis nicaragüense ya produjo tensiones diplomáticas y sanciones individuales de parte de la Unión Europea y Estados Unidos contra funcionarios del país.
En la parte final de su pronunciamiento, la Cancillería reiteró: “Guatemala expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado al pleno respeto a las libertades de expresión, de asociación y de participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas”.
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