Una misión de Fitch, Guatemala, evaluar, grado e inversión llegó esta semana al país para revisar su perfil crediticio en una visita que el Gobierno considera una opción concreta de quedar a un escalón de ese objetivo, con respaldo en finanzas públicas más sólidas, reformas legales recientes y una deuda pública baja en comparación con economías de la misma categoría.
La delegación permanecerá del 15 al 17 de julio. La revisión ocurre después de que, en octubre de 2025, la agencia subiera la nota soberana guatemalteca de BB a BB+ con perspectiva estable, al reconocer crecimiento sostenido, prudencia fiscal y superávits en cuenta corriente que fortalecieron la acumulación de reservas.
Según datos de la calificadora, las reservas internacionales del Banco de Guatemala alcanzaron USD 31,100 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, frente a USD 24,400 millones en diciembre de 2024. Ese desempeño se sumó a un déficit fiscal de 1.9% del PIB en 2025, por debajo del 3.8% previsto, y a una deuda pública estimada en 27.2% del PIB, lejos de la mediana de 54,1% para países con nota BB.
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La misión fue recibida por el Ministerio de Finanzas Públicas y su equipo técnico, que presentó ante los evaluadores los principales indicadores económicos y fiscales.
La exposición oficial se organizó en torno a tres ejes: la metodología de evaluación de la agencia, la propuesta presupuestaria del ministro de Finanzas Jonathan Menkos Zeissig para cerrar la brecha de infraestructura y la situación económica e institucional del país.
El Gobierno apoyó su presentación en crecimiento, reservas y acceso a mercados
La preparación de la visita se hizo semanas antes a través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País, que reunió a actores públicos y privados para estructurar la defensa técnica del perfil crediticio guatemalteco. Ese espacio definió la agenda de trabajo de la misión y ordenó los argumentos que el país presentaría.
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La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, dijo que la visita se vive con “mucha esperanza” y remarcó la oportunidad de posicionar a Guatemala por su resiliencia y solvencia. La funcionaria también tomó como respaldo la evaluación del Fondo, que ubicó al país como una economía con ventajas para atraer inversión extranjera, un clima de negocios en mejora y una institucionalidad en proceso de fortalecimiento.
Entre los temas que la mesa llevó a la evaluación figuraron la estrategia de infraestructura para impulsar el crecimiento y mejorar la conectividad, y la propuesta presupuestaria del ministerio para ampliar la inversión en ese sector y reforzar el desarrollo humano.
La agenda también incorporó avances institucionales, con énfasis en el fortalecimiento democrático a través de procesos de elección de segundo grado, presentados como señales de certeza jurídica y confianza en las instituciones.
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Las reformas legales fueron presentadas como respaldo para mejorar la calificación
Durante el encuentro con la delegación, las autoridades expusieron la aprobación de la Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos y de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. También informaron sobre el impulso a una nueva Ley de Contrataciones Públicas orientada a promover eficiencia y transparencia en el gasto.
Esos cambios coinciden con condiciones que el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado como necesarias para que el país consolide su acceso a mercados internacionales de capital. En julio, el presidente del BID Ilan Goldfajn anunció que el grupo espera canalizar hasta USD 3,000 millones hacia Guatemala entre 2026 y 2028, con prioridad en energía, infraestructura y exportaciones.
Goldfajn identificó una ley de inversión, una ley de contratación pública y la norma antilavado como reformas clave para destrabar ese financiamiento y acercar al país al grado de inversión. En la reunión con la misión, Menkos Zeissig afirmó: “Seguimos empujando un cambio institucional que permita modernizar todas las instituciones, crear condiciones para un poder público que sea más ágil, más efectivo sin perder de vista la necesidad de que también sea transparente”.
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El FMI proyecta que el déficit fiscal se estabilizará en torno a 2,5% del PIB en el mediano plazo, bajo sus previsiones de ingresos. Ese escenario acompaña la expectativa oficial de que la evaluación de Fitch Ratings reconozca la combinación de baja deuda, acceso favorable a los mercados, reformas normativas y capacidad institucional que Guatemala presentó esta semana ante la calificadora.