La CIDH inició una visita de seguimiento a Guatemala para revisar las recomendaciones de su informe sobre la situación de derechos humanos en el país y varios casos con informes de fondo ya publicados, un proceso cuyos resultados serán incorporados al capítulo V del Informe Anual 2026 y que incluye la firma de un acuerdo de cumplimiento en el caso de José María García Portillo, desaparecido desde 1986.
La agenda de la delegación contempla reuniones con el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, además de encuentros con organizaciones y espacios de seguimiento de casos ya documentados por la Comisión.
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La misión está encabezada por la comisionada y relatora para Guatemala Andrea Pochak, junto con la jefa de gabinete Patricia Colchero y el equipo técnico del organismo.
La Comisión se reunió con el canciller Carlos Ramiro Martínez y con varias entidades del Ejecutivo articuladas por la COPADEH, que coordinó una segunda reunión interinstitucional en cumplimiento de su mandato bajo el Acuerdo Gubernativo 27-2024.
El objetivo de ese encuentro fue ordenar el cronograma de seguimiento a las recomendaciones del informe país que la Comisión incorporará en su reporte anual de 2026.
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La visita incluye un acuerdo sobre un caso abierto desde 1987
Uno de los puntos centrales de la visita es la suscripción de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones en el caso 9.961, correspondiente a José María García Portillo. El expediente, identificado por la CIDH en el Informe N.° 62/90, se originó a partir de una denuncia recibida el 17 de marzo de 1987.
Según ese antecedente, García Portillo, alcalde de Chiquimula, fue detenido de forma ilegal y arbitraria por fuerzas de seguridad el 10 de agosto de 1986 cuando viajaba en su vehículo hacia la Ciudad de Guatemala. Desde esa fecha se desconoce su paradero y el caso lo considera desaparecido.
El informe también consigna que en su favor se presentaron sin éxito recursos de exhibición personal ante el presidente del Organismo Judicial.
La Comisión trasladó al Gobierno de Guatemala las partes pertinentes de la denuncia el 24 de abril de 1987 y otorgó 90 días para remitir información sobre los hechos y sobre el eventual agotamiento de los recursos internos.
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La CIDH dejó asentado que no recibió respuesta dentro de ese plazo y que reiteró sus requerimientos el 17 de agosto de 1987, el cuatro de marzo de 1988 y el 17 de febrero de 1989.
El 6 de julio de 1990 envió una nueva comunicación y advirtió que, si no obtenía información en 30 días, podría aplicar el artículo 42 de su reglamento, que permite presumir como verdaderos los hechos denunciados cuando no exista prueba que conduzca a otra conclusión.
El Organismo Judicial presentó medidas sobre justicia, disciplina y niñez
Durante la visita, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvieron una reunión con el magistrado René Guillermo Girón Palacios, vocal III de la Corte Suprema de Justicia, y con Sergio Ayala Acevedo, secretario general de la Presidencia del Organismo Judicial. El encuentro formó parte del seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión sobre la situación de derechos humanos en Guatemala.
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La delegación de la CIDH que asistió a esa reunión estuvo integrada por Pochak, Colchero, Jaime Vidal, coordinador de seguimiento de recomendaciones e impacto, y Bruce Barnaby, especialista de seguimiento de recomendaciones e impacto.
Según la información difundida sobre el encuentro, Girón Palacios expuso la importancia de la independencia judicial y afirmó que la administración de justicia se ha fortalecido mediante la ampliación de cobertura en distintas materias.
Las autoridades judiciales también informaron sobre el fortalecimiento de la Supervisión General de Tribunales y de la Junta de Disciplina Judicial.
Añadieron que desde la Cámara Penal se impulsó la implementación de sistemas de videoaudiencias en juzgados instalados dentro de centros de privación de libertad para evitar traslados de reos que, según explicaron, podrían poner en riesgo a la población.
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Durante la visita, Girón Palacios entregó un ejemplar de la Política Judicial para la Protección Especial de las Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030, presentada ese mismo día en la Sala de Vistas. El magistrado indicó que se trata de un instrumento actualizado orientado a contribuir al acceso especializado a la justicia de niñas, niños y adolescentes en los órganos jurisdiccionales.
Pochak afirmó que era importante conocer las acciones emprendidas desde la Corte Suprema de Justicia porque eso permite tener una mejor visión del funcionamiento del Organismo Judicial. La relatora encabeza una misión que seguirá con reuniones con el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, organizaciones y actores vinculados con casos que ya cuentan con informes de fondo publicados.
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