El Departamento de Defensa de Estados Unidos reivindicó este miércoles el “éxito” de la operación Lanza del Sur, la campaña militar contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental que cumple un año de vigencia. Según el último informe trimestral presentado ante el Congreso, la ofensiva permitió reducir la “actividad marítima ilícita” hasta un 65% en el Caribe occidental, un 60% en el Caribe oriental y cerca de un 50% en zonas del Pacífico oriental.
La operación se puso en marcha el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación cargada de droga en el Caribe. Poco después difundió un video desclasificado que mostraba el ataque. Desde entonces, el Comando Sur (SOUTHCOM) ha reportado de forma periódica nuevas operaciones, casi siempre a través de redes sociales y con información fragmentaria.
PUBLICIDAD
Esa opacidad ha dificultado un recuento preciso de víctimas. El propio Pentágono admite que solo en el segundo trimestre del año atacó 19 embarcaciones sospechosas, con un saldo de unas 56 personas muertas o presuntamente muertas, frente a las 12 embarcaciones y 40 fallecidos del trimestre anterior. El Comando Sur, por su parte, sitúa el saldo acumulado en más de 220 muertos desde el inicio de la campaña, mientras que el conteo independiente de varios medios y organizaciones eleva la cifra a 227 fallecidos y 68 embarcaciones destruidas, con apenas tres supervivientes rescatados.
Un alto cargo del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, defendió la ofensiva al sostener que Trump “prometió al pueblo estadounidense hace un año garantizar la seguridad” del país y “combatir a los cárteles y narcoterroristas”. El funcionario equiparó a estas organizaciones con “organizaciones terroristas extranjeras de larga trayectoria” y las responsabilizó de “más muertes de estadounidenses que cualquier otro adversario” reciente, atribuyéndoles tanto la propagación del fentanilo como la violencia de pandillas en territorio estadounidense.
La campaña se enmarcó en la estrategia de presión que Washington desplegó desde finales de 2025 sobre Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y finalmente capturado por el Pentágono el 3 de enero tras una operación en Fuerte Tiuna, en Caracas. Lejos de replegarse tras ese episodio, Estados Unidos reforzó la cooperación regional con la creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que integra a Washington junto con otros 18 países de América Latina y el Caribe.
PUBLICIDAD
Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionaron las operaciones, al pedir a Washington que privilegie la interceptación y detención de las tripulaciones sobre el uso de fuerza letal.
Esas objeciones tampoco han disipado las dudas sobre la legalidad de los ataques. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó en noviembre a Washington a investigar si las operaciones constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, al advertir que existían “fuertes indicios” en ese sentido y recordar que el derecho internacional solo permite el uso de fuerza letal como último recurso ante una amenaza inminente. Meses después, el relator especial de la ONU Ben Saul llevó una denuncia similar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al calificar los ataques de “ejecuciones extrajudiciales en serie” contra objetivos sin pruebas públicas de vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense ha respondido que las órdenes se ajustan “a las leyes de conflicto armado” y que el personal militar involucrado no puede ser procesado por cumplirlas.
Sobre el futuro de la operación, el funcionario del Pentágono señaló que la “victoria” no depende de un cronograma de repliegue, sino de que los países aliados del hemisferio recuperen “el control de sus propios gobiernos” y de impedir que los cárteles “cuenten con ejércitos” o dominen territorios y rutas comerciales.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD