Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen cubano, con medidas dirigidas al sistema de exportación de servicios médicos, empresas del sector energético y compañías relacionadas con el conglomerado empresarial militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa). Washington aseguró que las designaciones buscan impedir el acceso a recursos financieros que son utilizados para sostener actividades ilícitas.
Entre los sancionados se encuentra José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba desde 2018, además de Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). También fueron incluidas entidades vinculadas al envío de profesionales sanitarios cubanos al extranjero, una actividad que representa una de las principales fuentes de ingresos para la isla.
Las nuevas restricciones afectan a la UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, organismos encargados de coordinar y gestionar los programas de cooperación sanitaria internacional. Según cifras oficiales cubanas citadas por Washington, estas misiones generaron alrededor de 7.000 millones de dólares en 2025, con unos 24.000 trabajadores de la salud desplegados en 56 países.
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El Departamento de Estado estadounidense afirmó que estos programas funcionan bajo un esquema de explotación laboral.
En su comunicado, sostuvo que “las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”.
La dictadura cubana ha rechazado esas acusaciones y ha defendido las misiones médicas como acuerdos de cooperación solicitados por países aliados y beneficiarios. En los últimos meses, algunos gobiernos de la región suspendieron o modificaron convenios con La Habana para la presencia de personal sanitario cubano.
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Además de los funcionarios del área sanitaria, Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a empresas relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana.
Entre las entidades afectadas figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., compañías vinculadas a actividades de investigación, importación de combustibles, gas y lubricantes.
También fueron sancionadas cuatro empresas asociadas al conglomerado Gaesa, considerado uno de los principales actores económicos bajo control militar en Cuba. La lista incluye a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., encargada de operar una de las principales instalaciones portuarias del país, además de Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.
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El Departamento de Estado indicó que estas compañías habían realizado cambios administrativos o modificaciones en su estructura con el objetivo de evitar sanciones aplicadas previamente. Según Washington, las nuevas medidas buscan cerrar esas vías utilizadas para continuar operaciones bajo entidades diferentes.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos implican el bloqueo de bienes y activos que las personas o empresas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones económicas con los sancionados.
Las recientes designaciones forman parte de una política de mayor presión económica aplicada por la administración del presidente Donald Trump contra la dictadura de La Habana.
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En junio, Estados Unidos había anunciado sanciones contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, familiares suyos y Alejandro Castro Espín, hijo Raúl Castro, como parte de una serie de medidas dirigidas contra altos funcionarios y figuras relacionadas con el poder político y económico de la isla.
Washington sostiene que las restricciones buscan limitar las fuentes de financiamiento del régimen cubano y aumentar la presión sobre instituciones consideradas responsables de prácticas contrarias a los intereses estadounidenses.
Las nuevas sanciones amplían el alcance de esa estrategia al incluir sectores considerados clave para la economía cubana, como los servicios médicos internacionales, la energía y las empresas vinculadas al aparato empresarial administrado por las Fuerzas Armadas.
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