Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones en curso entre Washington y La Habana desemboquen en un resultado favorable para el pueblo cubano, al tiempo que advirtió que el colapso del Estado caribeño constituye una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Las declaraciones, realizadas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca presidida por Donald Trump, se producen en un momento de intensa presión diplomática, económica y judicial sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó Rubio. El funcionario, hijo de inmigrantes cubanos establecidos en Miami en 1956, subrayó que tener un Estado fallido a 145 kilómetros de las costas estadounidenses representa una amenaza para la seguridad nacional. Calificó además a la dictadura cubana como un grupo de “comunistas incompetentes” y denunció que el conglomerado empresarial Gaesa, controlado por las Fuerzas Armadas, acapara el 70% de la economía sin que sus ingresos reviertan en la población.
Las declaraciones de Rubio llegan en un contexto de negociaciones discretas que ya han dado lugar a contactos de alto nivel. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo, donde se reunió con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; con el jefe de la inteligencia cubana, el general Ramón Romero Curbelo; y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto del ex gobernante Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT). Según confirmó un funcionario de la CIA a la agencia AP, Ratcliffe transmitió el mensaje de que Washington avanzará en cuestiones económicas y de seguridad solo si La Habana emprende cambios fundamentales.
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La participación de Rodríguez Castro resulta significativa: sin cargo político formal dentro del régimen cubano, actuó como interlocutor directo en conversaciones sobre cooperación de inteligencia, seguridad y estabilidad económica. El propio Ratcliffe instó a los funcionarios cubanos a extraer lecciones de la operación del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en una señal inequívoca de las consecuencias que Washington contempla si el diálogo fracasa.
Una semana antes de las declaraciones del miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas civiles de la organización del exilio cubano Hermanos al Rescate. La imputación, presentada ante la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida el 20 de mayo, incluye siete cargos: cuatro de asesinato, dos por destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses, muertos cuando cazas militares cubanos derribaron sus aeronaves en espacio aéreo internacional.
Pese a la retórica confrontacional, los gestos de apertura se acumularon en paralelo. El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, declaró al diario The New York Times que La Habana está dispuesta a negociar todos los asuntos con Washington sin temas tabú, en la primera entrevista concedida por un funcionario cubano en ejercicio a ese medio en años. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que la dictadura revisaría la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares presentada por la administración Trump, aunque reconoció que no estaba claro si se aceptarían las condiciones adjuntas. El propio Rubio había admitido una semana antes que la probabilidad de un acuerdo negociado no era alta, dada la naturaleza del interlocutor.
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El margen de maniobra del régimen cubano se estrecha semana a semana. La acusación contra Raúl Castro, el bloqueo petrolero y la demostración de fuerza que supuso la operación en Venezuela configuran un escenario en el que La Habana debe optar entre reformas sustanciales o un aislamiento aún más profundo. La decisión de recibir abiertamente al director de la CIA sugiere que al menos una facción del poder en la isla evalúa, por primera vez en décadas, si el costo de la intransigencia supera al de la negociación.