El gobierno de Estados Unidos enfrenta la inminencia de un nuevo cierre parcial a partir de la medianoche de este viernes 30 de enero, luego de que los senadores demócratas anunciaran que no apoyarán el paquete presupuestario que incluye la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.
El desacuerdo se produce en medio de una fuerte polémica por la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido por agentes fronterizos en Minnesota.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que su bancada no dará los 60 votos necesarios para aprobar el conjunto de seis leyes de asignaciones si no se retira el capítulo sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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“Esta no es una situación de ley y orden. Esto es caos”, sostuvo Schumer, quien enumeró una serie de demandas para modificar los procedimientos de detención y uso de fuerza de los agentes federales.
Entre las condiciones planteadas por los demócratas se encuentran la creación de un código de conducta obligatorio para los agentes de inmigración, la exigencia de que lleven cámaras corporales y la coordinación con la policía local para las detenciones. También reclaman la eliminación de las patrullas itinerantes y la obligación de portar identificación visible.
“Ninguno de estos cambios es revolucionario”, afirmó el senador Chris Murphy, líder demócrata en la subcomisión de Seguridad Nacional.
La postura cuenta con el respaldo del senador independiente Angus King, quien advirtió que bloquearía el paquete si no se revisa el gasto en inmigración.
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En respuesta, el líder republicano en el Senado, John Thune, insistió en que cualquier cambio al proyecto de ley debería ser negociado directamente con la Casa Blanca y que no es viable modificar la legislación a último momento.
“Podemos conversar sobre supervisión adicional o nuevas leyes, pero no a costa de cerrar el gobierno”, advirtió el senador John Cornyn, también republicano. Otros legisladores, como Lisa Murkowski y John Kennedy, se mostraron abiertos a separar la financiación de Seguridad Nacional del resto del paquete.
El presidente Donald Trump enfrenta presiones tanto de su propio partido como de la oposición, debido al rechazo a las tácticas de inmigración y a la posibilidad de que un nuevo cierre agrave la inestabilidad económica.
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“La Casa Blanca está abierta a negociar”, afirmó Thune.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, permanece fuera de sesión esta semana, lo que dificulta acelerar cualquier enmienda al proyecto de ley.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, hasta ahora no ha convocado a los legisladores a regresar a Washington ni ha indicado si permitiría modificaciones al paquete presupuestario. En una carta, el Freedom Caucus, el grupo republicano más conservador, reiteró su apoyo al presidente y rechazó cualquier cambio que elimine los fondos para Seguridad Nacional.
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De no alcanzarse un acuerdo antes de la medianoche del viernes, el cierre parcial detendría las operaciones en departamentos clave como Defensa, Salud, Educación, Transporte, Tesoro y Estado, además de afectar agencias como la Administración de Pequeños Negocios.
El Servicio de Impuestos Internos se vería limitado en plena temporada de presentación de declaraciones, mientras que los préstamos a pequeñas empresas y pagos a contratistas del Pentágono quedarían suspendidos. Los empleados federales no esenciales serían enviados a casa sin sueldo, aunque los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza seguirían trabajando bajo la categoría de personal esencial.
El cierre parcial también generaría incertidumbre sobre la publicación de datos económicos fundamentales, como el próximo informe de desempleo. Todo esto sucede mientras Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal que ha paralizado ciudades y ha obligado a cancelar sesiones legislativas, reduciendo aún más el margen para negociar antes del vencimiento del plazo el viernes.
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El último cierre parcial del gobierno federal, ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, se extendió 43 días y fue el más largo de la historia del país. Las diferencias en aquella ocasión giraron en torno a la financiación de subsidios de salud, mientras que el actual conflicto se centra en la política migratoria y la supervisión de los agentes federales tras los recientes incidentes mortales.
(Con información de EFE y The Associated Press)
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