El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva sobre la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización, al ordenar al Departamento de Justicia (DOJ) priorizar los casos de revocación de ciudadanía en personas que hayan cometido determinados delitos, incluso si estos ocurrieron antes de obtener su estatus legal.
La medida, divulgada en un memorando fechado el 11 de junio, otorga a los fiscales federales una mayor discrecionalidad para iniciar procesos de desnaturalización, lo que despierta preocupación entre expertos en derechos civiles e inmigración por sus implicaciones legales y humanitarias.
Según el memorando firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, el DOJ colocará entre sus cinco prioridades principales de ejecución civil los procedimientos de desnaturalización.
En concreto, las autoridades federales se centrarán en casos en los que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información relevante o cuando la persona haya incurrido en conductas criminales graves, incluyendo:
- Delitos sexuales, como abuso infantil o trata de personas
- Violaciones a la seguridad nacional, incluidas actividades relacionadas con terrorismo o espionaje
- Fraudes financieros, como los relacionados con el programa de ayuda por la pandemia (PPP) o fraudes en Medicaid o Medicare
- Crímenes violentos no revelados durante el proceso de naturalización
- Participación en organizaciones criminales transnacionales o grupos armados ilegales
Además, el documento permite a los fiscales referir “cualquier otro caso que consideren suficientemente importante”, ampliando el espectro de aplicación y otorgando una discreción que ha sido criticada por su falta de límites claros.
El caso de Elliott Duke
Un ejemplo concreto de esta política ya se ha materializado. El 13 de junio, una corte federal en Louisiana ordenó revocar la ciudadanía estadounidense de Elliott Duke, una persona no binaria originaria del Reino Unido, quien fue condenada por distribución de material de abuso sexual infantil.
Duke admitió haber cometido el delito antes de obtener la ciudadanía en 2013, un dato que omitió en su solicitud de naturalización, de acuerdo con la NPR.
Para ello, el DOJ utilizó un procedimiento civil, lo que ha generado inquietud entre académicos y defensores de derechos. En este tipo de procesos, las personas no tienen derecho a un abogado de oficio y el umbral probatorio que debe cumplir el gobierno es considerablemente menor que en los procesos penales.
Duke, sin acceso a defensa legal y sin poder viajar a la audiencia, se encuentra hoy efectivamente en situación de apatridia tras haber renunciado a su nacionalidad británica. “Mi mundo se derrumbó cuando leí la orden. Me sentí completamente desprotegide”, declaró Duke en declaraciones a NPR, aún evaluando opciones de apelación.
Críticas por posibles violaciones a la Constitución
Para la profesora Cassandra Robertson, experta en derecho constitucional en Case Western Reserve University, esta ofensiva legal representa una violación al debido proceso y contraviene la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. “Este tipo de medidas crea una ciudadanía de segunda clase”, advirtió.
La preocupación se extiende a las familias, especialmente niños que adquirieron la nacionalidad a través de sus padres. Steve Lubet, profesor emérito de derecho en Northwestern University, alertó sobre el “efecto dominó” que estos procesos podrían generar: “Si un padre pierde su ciudadanía, ¿qué ocurre con sus hijos? Estamos abriendo una puerta peligrosa”.
El propio Tribunal Supremo ya había limitado el uso de la desnaturalización en 1967 al considerar que creaba niveles de ciudadanía, algo incompatible con una democracia. No obstante, esta práctica fue reactivada bajo la presidencia de Barack Obama con la implementación de herramientas digitales y luego expandida por Trump durante su primer mandato a través de litigios civiles bajo la llamada “Operación Janus”.
Un mecanismo con historia
La desnaturalización no es una herramienta nueva. Durante la era McCarthy, en los años 40 y 50, el gobierno utilizó este mecanismo contra personas sospechosas de vínculos con el comunismo o el nazismo.
Según datos citados por Robertson, hubo más de 22.000 casos anuales en su punto más alto. Tras el fallo de 1967, el número de casos se redujo a niveles ínfimos hasta el relanzamiento del programa bajo Obama.
En su regreso al poder, Donald Trump ha intentado redefinir la política migratoria de forma radical. Además de la desnaturalización, ha propuesto eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, limitar los programas de refugiados y endurecer las condiciones de ingreso al país.
¿Quién decide quién pierde la ciudadanía?
Una de las críticas más frecuentes al memorando del DOJ es la amplitud de los criterios y la falta de límites claros. Según Lubet, muchas de las categorías descritas “son tan vagas que podrían ser aplicadas de forma arbitraria”. Esto otorga al gobierno una discrecionalidad casi absoluta, lo que podría ser utilizado como instrumento político, alertan los expertos.
Desde el otro lado del espectro, figuras conservadoras como Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, defienden la medida. “Quien abuse del privilegio de convertirse en ciudadano estadounidense debe perder ese derecho. No importa si el crimen ocurrió antes, durante o después del proceso de naturalización”, afirmó.
Von Spakovsky sostiene que no se violan derechos constitucionales al usar procedimientos civiles, ya que “no existe obligación de que el Estado provea un abogado en procesos de inmigración o civiles”.
Pese a lo drástico del anuncio, no está claro cuántos casos podrían avanzar bajo este nuevo enfoque. Según la profesora Robertson, los casos que realmente cumplen con los criterios señalados son limitados, por lo que el riesgo es que el DOJ termine enfocándose en personas sin delitos graves, pero que hayan cometido errores menores u omisiones formales.