El estado de Washington se prepara para implementar aumentos de impuestos que afectarán a millones de residentes tras la aprobación de un amplio proyecto de presupuesto estatal que fue firmado el martes 20 de mayo por el gobernador Bob Ferguson.
La ley, que compromete casi 78.000 millones de dólares para los próximos dos años, incluye aumentos fiscales estimados en más de 9.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Según reportó Newsweek, esta decisión pone fin a semanas de incertidumbre sobre si Ferguson, miembro del Partido Demócrata, se opondría a los incrementos impositivos en favor de recortes presupuestarios más profundos, algo que había sugerido anteriormente al expresar su apoyo a una mayor disciplina fiscal.
La firma del presupuesto también marca el final de complejas negociaciones entre el gobernador y legisladores demócratas estatales en torno al alcance de las subidas de impuestos necesarias para cerrar el déficit presupuestario.
Newsweek detalla que Washington enfrenta un déficit de 16.000 millones de dólares, derivado de las diferencias entre los ingresos fiscales proyectados y las obligaciones de gasto.
¿Cuáles serán los aumentos?
Para abordar esta brecha, el presupuesto incluye un aumento en los impuestos sobre negocios y ocupación para varias industrias, así como un recargo adicional a las empresas que generen más de 250 millones de dólares en ingresos imponibles dentro del estado.
Una de las medidas más destacadas es el aumento del impuesto sobre la gasolina, que subirá 6 centavos por galón, pasando de 49,4 centavos a 55,4 centavos, a partir de julio.
Posteriormente, este impuesto incrementará un 2% anual, con la intención de financiar un ambicioso paquete de transporte valorado en 15.000 millones de dólares.
Otras disposiciones del nuevo presupuesto incluyen cambios en el impuesto sobre las ganancias de capital. A la tasa existente del 7% sobre ganancias derivadas de la venta o intercambio de activos a largo plazo que superen los 270.000 dólares, se añadirá un 2,9% adicional para ganancias superiores a 1 millón de dólares.
Asimismo, se introducirá un nuevo impuesto sobre la venta de créditos para vehículos eléctricos entre fabricantes, que se espera genere 54,5 millones de dólares.
Este último se conoce informalmente como el “impuesto Tesla”, ya que actualmente Tesla, empresa liderada por Elon Musk, es la única compañía que posee créditos para vender en Washington.
El gobierno estatal planea implementar también aumentos en diversas tasas y tarifas, lo que afectará, entre otros, los costos de los permisos de matrimonio, la caza y pesca, las matrículas de vehículos, los permisos de licor y los pases Discover.
Aunque Ferguson vetó aproximadamente 25 millones de dólares en artículos del presupuesto, las reacciones a la medida no se hicieron esperar.
El gobernador defendió la decisión en un mensaje en X, afirmando que “este presupuesto mantiene y protege nuestros servicios básicos, y realiza inversiones en vivienda, educación y salud”. Subrayó también que mientras otros estados están recortando estos servicios, Washington se mantiene firme en su postura.
Reacciones a la medida
Algunos republicanos de la Cámara de Representantes de Washington, publicaron en respuesta a la medida, asegurando que el estado enfrenta “uno de los costos de vida más altos del país en vivienda, comestibles y gasolina”.
Por su parte, Travis Couture, representante estatal republicano, expresó en un comunicado que “el gobernador dijo que quería ‘ajustar’ el tamaño del gobierno y priorizar la asequibilidad.
En cambio, acaba de firmar un presupuesto que aumenta el gasto estatal en 6.000 millones de dólares—un aumento del 8%—y abrumará a las familias con el mayor incremento fiscal en la historia del estado.
Estos nuevos impuestos y tasas golpearán a las familias, que ya enfrentan una crisis de asequibilidad, y perjudicarán a los empleadores que aún intentan recuperarse”.
El presupuesto, que entrará en vigor el 1 de julio, busca cubrir un amplio rango de necesidades sociales e infraestructurales, aunque la oposición argumenta que tendrá un impacto desproporcionado sobre los contribuyentes y podría perjudicar la recuperación económica del estado.