El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias, tal y como ha confirmado EFE.
La decisión de la corte con sede en Luxemburgo supone uno de los hitos más relevantes en el recorrido judicial de la norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y respaldada por los partidos independentistas catalanes. El fallo responderá a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que han solicitado al tribunal europeo que aclare si determinados aspectos de la ley son compatibles con el derecho de la Unión.
Por un lado, el TJUE deberá pronunciarse sobre la responsabilidad contable atribuida a varios dirigentes independentistas, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, por los gastos relacionados con la organización y promoción del procés. La cuestión central es si esas actuaciones pudieron afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, un ámbito especialmente protegido por la legislación comunitaria.
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Por otro lado, la sentencia abordará la aplicación de la amnistía a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo. La Audiencia Nacional elevó la consulta a Luxemburgo para determinar si la extinción de la responsabilidad penal prevista en la ley puede aplicarse a este tipo de delitos sin entrar en conflicto con las obligaciones derivadas del ordenamiento europeo.
El fallo marcará el camino de Puigdemont
La resolución del TJUE tendrá consecuencias que van más allá de los procedimientos concretos analizados. El fallo marcará previsiblemente el camino para futuras decisiones de los tribunales españoles y, en particular, para el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías tiene pendiente resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de excluir el delito de malversación de la aplicación de la amnistía.
Esa cuestión es considerada clave para el futuro político y judicial del expresidente catalán, ya que una eventual interpretación favorable podría facilitar su regreso a España sin riesgo de ser detenido por las causas aún pendientes. Por el contrario, una decisión restrictiva reforzaría la posición mantenida hasta ahora por el Supremo.
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La sentencia llegará después de que el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, publicara el pasado 13 de noviembre unas conclusiones ampliamente favorables a la ley de amnistía. Aunque las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, suelen servir de referencia para las deliberaciones posteriores del tribunal.
En su dictamen, Spielmann consideró que la norma no perjudica a los intereses financieros de la Unión Europea y que responde a un objetivo de interés general relacionado con la superación del conflicto político surgido en Cataluña tras los acontecimientos de 2017. Sin embargo, también expresó reservas sobre algunos aspectos procedimentales de la ley.
En concreto, cuestionó el plazo de dos meses establecido para que los jueces decidan si aplican la amnistía en cada caso, al considerar que podría resultar incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el ordenamiento comunitario.
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Con la fecha ya fijada, el 16 de julio se presenta como una jornada decisiva para el futuro de la amnistía y para uno de los debates políticos y jurídicos más trascendentes de los últimos años en España.
*Con información de EFE